La protección de los derechos humanos en San Luis Potosí es todo un tema. Tan lo es, que en la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de colectivos feministas y de víctimas, participó una mujer potosina a la que las autoridades estatales no le han hecho justicia por un caso de abuso contra su hija.
La semana pasada estuvo en San Luis Potosí la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), María Fabiola Alanís Sámano, quien luego de una corta reunión con algunas víctimas, se retiró porque tenía programada otra junta con personal del gobierno del Estado.
Este hecho provocó que las víctimas manifestaran su descontento tomando las instalaciones de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) por algunas horas. Las quejosas eran mujeres que han sido víctimas de autoridades estatales y municipales.
Participaron: Teresa Carrizales Hernández y Elizabeth López Navarro, víctimas del ayuntamiento de la capital y del alcalde Francisco Xavier Nava Palacios; Griselda Haro Dávila, víctima de un desalojo en La Noria de San José; y María de Jesús Almendárez Prieto, víctima de acoso en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
En entrevista, Griselda Haro explicó que tuvieron una mesa de trabajo con la titular de Conavim, quien apenas estuvo unos minutos y se fue a otra reunión, lo cual, fue tomado como una falta de respeto, pues “en primera instancia deberíamos de estar nosotras las víctimas, eso debería de ser su principal preocupación, no las autoridades”.
Un día antes de la reunión con Conavim, las mismas víctimas se habían manifestado en un evento público encabezado por el gobernador Juan Manuel Carreras López, a quien acusaron de revictimización al calificar sus protestas como provocaciones.
“Somos víctimas que estamos exigiendo que se nos haga justicia y el señor nos ha ignorado durante su administración, que venga, que nos dé la cara, que solucione las violaciones a derechos humanos que se han cometido durante su administración”, señaló Griselda Haro. Almendárez Prieto dijo que la actitud del gobernador “no tiene perdón”.
Sobre su asunto, Teresa Carrizales dijo que el presidente municipal Xavier Nava “no tiene palabra” y que si habían llegado a un acuerdo había sido por la intervención de Carreras López. Ella pidió que se presentaran los diputados de las comisiones de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado y el fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera, para que le informaran el estado de sus denuncias y expedientes.
Finalmente, un día después de la toma de la CEEAV, las víctimas sí fueron atendidas por la Conavim y la CNDH, destrabaron el asunto y fueron liberadas las instalaciones, sin embargo, el tema no termina ahí dado que cada una continúa con su lucha y no se vislumbran soluciones prontas.
Hechos como el de la titular de Conavim, quien no dio prioridad a atender las víctimas y se retiró de la reunión para acudir, presuntamente, a una reunión con el gobernador, también las revictimiza, pues siendo una de las instituciones encargadas justamente de pugnar por los derechos de las víctimas, no puede dejarlo para después.
Teresa Carrizales publicó en sus redes sociales un video en el que habla sobre un encuentro que tuvo con la diputada federal, Guadalupe Almaguer Pardo, a quien acusó de minimizar sus demandas por cuestiones políticas y también de calificar sus movilizaciones como provocadoras.
Todos estos hechos, desde la revictimización de Carreras López, la actitud de Almaguer Pardo y la de la Alanís Sámano, la falta de acciones por parte de la Fiscalía y del Congreso del Estado; dejan ver que lo peor que le puede pasar a la víctimas en San Luis Potosí más allá de las violaciones a sus derechos humanos, es encontrarse con representantes que no las representan, y autoridades que no solo no les garantizan protección, sino que además, se convierten también en sus victimarios.
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