Sin duda usted y yo en este momento estamos muy impactados por la pandemia del Coronavirus, sin embargo, hay otras pandemias sociales que cotidianamente cobran más víctimas que la patología biológica. Un botón de muestra es la discriminación, el racismo y la xenofobia. Aunque es un problema que se vive en distintas sociedades del orbe y de México, nuestro querido San Luis no es la excepción.
Pongo un caso: La situación de las comunidades indígenas que se han asentado en esta Capital desde hace más de 20 años, como lo son la Comunidad Mixteca Baja, Mazahua y Triqui; las 3 se dedican al comercio comúnmente informal, ofreciendo artesanías y flores, todos con problemas de marginalidad y vivienda.
Los Triquis en su mayoría logran un significativo apoyo para contar con su asentamiento habilitado con servicios y viviendas. Los Mazahuas, dispersos, se han procurado una actividad económica que les da para cubrir sustento, pero no precariedades. La Comunidad Mixteca Baja con una donación de terreno del ayuntamiento desde hace más de 10 años, pero sin contar con agua entubada, ni potable, sin viviendas, drenaje, alumbrado, pavimento y sin empleos fijos.
En 2010 las 3 comunidades lograron su registro como comunidades indígenas ante el Gobierno Estatal, eso les permitió contar con un poco de atención, sin embargo al arribo del actual Gobierno Estatal, se originó una ruptura estructural del diálogo con las comunidades del Estado. No se consultó a las comunidades en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, por ello se interpusieron quejas y amparos, entre ellos los interpuestos por las comunidades Mazahua y Mixteca Baja (amparo 447/2016 Juzgado 3º de Distrito en el Estado). Le ganaron al Gobierno y desde ahí se les ha perseguido, criminalizado y se les excluye de todo beneficio.
A la llegada de Xavier Nava, su administración “compró” el diferendo al Gobierno Estatal y decidió excluir a ambas comunidades de la Consulta al Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2020, en consecuencia, se judicializó el tema y en este mes de marzo la justicia Federal resolvió que sí ampara y protege a la Comunidad Mixteca Baja, para que sea consultada y se deja sin efectos el Plan Municipal de Desarrollo en su componente de Pueblos Indígenas. (Amparo 239/2019 en el 2º Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del 9º Distrito)
La administración municipal también omitió establecer la Unidad Especializada de Asuntos Indígenas a la que legalmente está obligado, nuevamente se interponen quejas y amparo (28/2019-I juez 8º de Distrito en SLP), mismo que las comunidades Mixteca Baja y Mazahua ganan, obligando a que el Gobierno municipal establezca la Unidad en cuestión. Al elegir la dirección de la Unidad Especializada en referencia, el Gobierno municipal violentó la Ley de Consulta Indígena y el proceso electivo, que debe ser por usos y costumbres y las comunidades Mazahua y Mixteca Baja vuelven a la carga ahora por la vía de la defensa de sus derechos políticos ante el Tribunal Estatal Electoral. En primer instancia el caso no prospera, sino hasta que en este mes de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala Regional de Monterrey, suspendió la decisión del Tribunal Estatal y lo obliga a que se vaya a fondo en la revisión del proceso electivo. (TESLP/JDC/67/2019)
Como podemos notar en esta breve descripción, la vulneración de los derechos humanos y colectivos de las comunidades Mazahua y Mixteca Baja, han sido sistemática, los funcionarios cuestionados criminalizan su origen oaxaqueño o mexicano, cuando su vecindad potosina es una garantía constitucional.
Por sus reclamos y defensa de sus derechos se les ha excluido de los más elementales servicios básicos, se les persigue en sus puestos de ventas, se les injuria y denosta por los gobernantes y hasta por el supuesto director de la Unidad Especializada que por lo visto ha renunciado a su origen indígena y reproduce la discriminación, racismo y xenofobia de su “patrón” X. Nava Palacios.
La sociedad potosina no pude ignorar esta calamidad y nos obliga a todas y todas, a reflexionar que el poder político y económico tiene como responsabilidad el bien común, la armonización de la convivencia intercultural, y ante todo respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y colectivos.
Si decimos NO al coronavirus, también debemos decir NO a la discriminación, racismo y xenofobia de los servidores públicos, sean quienes sean.
*Observatorio indígena mesoamericano
