Nuevo León, Jalisco y Oaxaca anunciaron esta semana la aplicación de miles de pruebas rápidas para detectar COVID-19, aunque al hacerlo no detallaron su origen y su nivel de eficacia, y luego en el caso de los últimos dos estados  la compra de los test se cayó. 

En Oaxaca, el gobierno estatal confirmó a Animal Político que aunque el 25 de marzo pasado habían anunciado la compra de 10 mil pruebas rápidas, a fin de cuentas no se concretó la adquisición, porque hay escasez de este tipo de insumos a nivel mundial y porque no encontraron un proveedor que brinde un producto avalado por Cofepris. Continuarían buscando opciones para comprarlas.

En Jalisco el gobernador Enrique Alfaro dijo a Enrique Hernández, de W Radio, que no podrán iniciar por ahora la aplicación de pruebas rápidas que tenían programada para este jueves, porque “misteriosamente” los proveedores que les habían ofrecido ya no las tenían disponibles.

“De repente, misteriosamente, los proveedores nos quedaron mal. Nos cancelaron las órdenes de compra que tenemos“, expresó Alfaro.

“Han pasado cosas raras”, agregó, detallando que la orden de compra era con un laboratorio alemán, aunque antes en una entrevista previa, con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, había mencionado que las pruebas provenían de Estados Unidos.

Alfaro, sin dar el nombre del laboratorio alemán, dijo que los proveedores de los test primero le habían dicho que los productos se habían atorado en la aduana, luego ya no les respondieron el teléfono y al final les dijeron que no había pruebas disponibles, “y esa es una cosa que nos brinca”.

El gobernador mencionó que hay otras dos opciones que están revisando, para poder cumplir con lo que recomienda la OMS y seguir la ruta de Corea del Sur, de aplicar pruebas rápidas masivamente.

Esto se da con el contexto de lo ocurrido en España, donde el gobierno compró a una empresa china 640 mil pruebas rápidas aunque no tenía licencia para elaborarlas, según la embajada del país asiático.

Tras la alerta de China, según relató el diario El País, laboratorios de microbiología del país europeo comprobaron un mal funcionamiento de las pruebas compradas a la empresa Bioeasy, ya que tenían una sensiblidad del 30% y debían ser del 80%.

En cuanto a México, hasta la noche de este jueves ninguno de los tres estados mencionados en el inicio de este texto detalló cuáles eran las empresas que habían elaborado las pruebas que adquirieron o que pretendían adquirir, ni en conferencias de prensa ni cuestionadas por Animal Político, vía sus áreas de comunicación social.

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel Enrique de la O Cavazos, le dijo a un reportero en conferencia por la tarde que no sabía el origen de las 30 mil pruebas rápidas que tienen previsto aplicar, que preguntaría a la gente de laboratorio.

Más tarde, el área de prensa de la entidad solo dijo a Animal Político que venían de Canadá, aunque no se especificó la empresa de origen, ni si dichas pruebas ya estaban en la entidad.

De la O Cavazos reconoció que las pruebas rápidas que aplicaría Nuevo León no están avaladas por Salud federal.

“Sabemos que no cumplimos con la normativa”, dijo, aunque luego defendió que estas pruebas rápidas son una medida complementaria, que si bien no confirman un caso de COVID-19, sí pueden ayudar en el camino para detectar más casos y aplicar medidas de atención y aislamiento.

En su turno las autoridades de Salud de Jalisco, también en conferencia de prensa, explicaron que las pruebas rápidas, que funcionan aplicando un pinchazo en un dedo para tomar una muestra de sangre y dan resultados en cuestión de minutos, no identifican el ARN del virus, como sí lo hace la prueba PCR, que es la validada por Salud federal.

Las pruebas rápidas, detallaron, detectan los anticuerpos producidos por el virus y sirven para aproximarse más a posibles casos, aunque al igual que en Nuevo León mencionaron que la confirmación final del diagnóstico se da con la prueba PCR, cuyos resultados valida el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Jalisco y Nuevo León insistieron en ese punto, en que las pruebas rápidas no sustituyen a las PCR, que son la única prueba confirmatoria válida.

El estado de Jalisco tenía previsto aplicar 600 pruebas rápidas diarias durante un mes, con la compra de 20 mil test. Según lo dicho por el secretario de Salud local, Fernando Petersen, estas contarán con la aprobación de las autoridades sanitarias de la Unión Europea o de la agencia FDA de Estados Unidos.

Ana Bárbara Casillas, coordinadora Estratégica de Desarrollo Social de Jalisco, explicó que las pruebas rápidas no se están fabricando en México, por lo que de momento todas son de importación.

Antes de que se confirmara que se cayó la compras de las pruebas, Casillas mencionó que las habían adquirido por medio de HISA Farmacéutica, como proveedora, aunque no detalló cuál era la empresa que había elaborado los test.

Animal Político contactó a la empresa HISA Farmacéutica, pero no respondieron a la petición de información.

El área de prensa de Jalisco, contactada por Animal Político, dijo que no podían compartir el orden de compra que tenía en sus manos la funcionaria Bárbara Casillas, y que mostró a la distancia ante reporteros en la conferencia de prensa, ya que aún se encontraban en negociaciones para comprar las pruebas y revisando con otros proveedores.

Pero este viernes el jefe de información del diario El Informador, Jonathan Lomelí, dio a conocer la orden de compra.

En ella se detalla que el gobierno jalisciense compraría a HISA Farmacéutica S. A. de C. V., 20 mil pruebas rápidas con un valor unitario de 892.15 pesos. En total el gobierno del estado pagaría 17 millones 843 mil pesos, que serían pagados en un periodo de 30 días. Las pruebas se entregarían el 25 de marzo.

Este 26 de marzo, un grupo de trabajo integrado por 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, entre ellos Transparencia Mexicana, advirtió sobre riesgos de corrupción en las compras y contrataciones directas que están haciendo los estados frente a la crisis sanitaria producto de la pandemia de virus COVID-19.

Recomendó “máxima publicidad en la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia para todo el ciclo de contratación pública, desde la determinación de las necesidades, hasta la entrega de los bienes y servicios a la población afectada.

La información deberá publicarse en formatos que permitan analizar cada una de las adquisiciones y su conjunto. Se deberá considerar el uso de datos abiertos”.

A Salud federal no le convencen las pruebas rápidas

Cuestionado sobre por qué no se hacen pruebas rápidas a nivel federal, considerando antecedentes internacionales como el de Corea del Sur, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo el 24 de marzo pasado que este tipo de pruebas tienen una calidad de diagnóstico limitada.

Incluso comparó este tipo de pruebas rápidas a echar una moneda al aire y hacer un volado, por lo que podrían arrojar falsos positivos o falsos negativos, elevando los riesgos de contagio.

“Hasta donde tenemos conocimiento por la revisión sistemática que vamos haciendo todos los días de los productos que aparecen no solamente en México, sino en el mundo, no hay todavía una prueba rápida con suficiente utilidad para ser considerada ya en su operación real.

Si algún momento lo hubiera y obviamente se considerara necesario estar haciendo pruebas en forma generalizada, podría considerarse este tipo de aditamentos”, expresó López-Gatell.

En otra de las sesiones informativas en Palacio Nacional, el pasado 20 de marzo, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo que la Cofepris sería la encargada de emitir un registro sanitario a nivel federal, de las pruebas rápidas para COVID-19, con una valoración del InDRE, y hasta este jueves la Cofepris no había dado a conocer una certificación de este tipo.

Salud federal, hasta la noche de este 26 de marzo, había confirmado 8 muertes por COVID-19 en México y 585 casos confirmados.

 

Por Animal Político