El analista político Oswaldo Ríos Medrano, propuso que la Auditoría Superior del Estado (ASE), realice un análisis minucioso en este momento, ya que se está transitando por un proceso de revisión de cuentas públicas por parte de como medida preventiva para evitar o detectar casos fraudulentos relacionados al desvío de recursos en la administración estatal de Juan Manuel Carreras López.

Lo anterior con respecto a las acusaciones que ha recibido la secretaría de salud, Mónica Rangel Martínez, derivado de que admitiera que se otorgaron 17 contratos al empresario Gabriel Salazar Soto acusado de fraude por cerca de 800 socios, pese a que en días pasados la funcionaria negó incluso conocer a dicho personaje.

Ríos Medrano insistió que se deben investigar las dependencias gubernamentales tanto del Poder Judicial, como Legislativo, Ejecutivo y hasta organismos autónomos como Derechos Humanos, Ceepac, Cegaip, entre otros

"Que se revise si estas empresas que han sido relacionados como fraudulentas tiene relaciones similares en otros poderes y en otras instituciones y sus relaciones y que en esta revisión de cuentas públicas se presente un informe al Congreso del Estado", dijo.

El experto en el tema agregó que el tema de Mónica Rangel debe ser abordado por la vía legal y jurídica, no solo por la mediática ya que podría correr el riesgo de al convertirse en un tema mediático, concluya con el olvido por parte de la ciudadanía o incluso ser una moneda de negociación política.

"Que ese asunto se investigue desde una perspectiva legal y no quede impune, si hay una responsabilidad por supuesto", exclamó.

Oswaldo Ríos hizo hincapié en que se debe explica que fue lo que sucedió por parte de la Secretaría de Salud y las empresas a cargo de Gabriel Soto Salazar para que quede claro ante los potosinos qué fue lo que se compró con esa empresa y si esta compra se realizó con los contratos y licitaciones necesarias.

Finalmente el analista opinó y consideró que Rangel Martínez evidenció su incapacidad para resolver un problema ante una crisis política, ya que en un inicio negó los hechos y después admitió que sí existió una relación de 17 contratos.

"Yo creo que este tema todavía va a dar para mucho, pero de ninguna manera creo que se tenga que resolver de manera políticamente, hay una vía legal que tiene que agotarse y eso es lo importante que no quede otra vez en una dura situación mediática, se trata del uso de recursos públicos, tendría que haber una investigación jurídica".

Insistió que es muy pronto para que el gobernador del estado separe del cargo a la funcionaria, insistió que las determinaciones se deben valorar hasta que exista una investigación por la vía correcta