Una de las reformas más relevantes de la transición democrática fue la del sistema de justicia penal. En 2008, la Constitución y otras leyes fueron reformadas con el objetivo de construir el nuevo Sistema de Justicia Penal, que comenzaría su vigencia en 2016 para que jueces, magistrados, litigantes, fiscales y defensores pudieran ajustarse al nuevo paradigma constitucional. Con los cambios, transitamos del viejo régimen “inquisitorio” al sistema acusatorio.

¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? En el viejo sistema, el acusado debía demostrar, contra toda presunción de inocencia, su no culpabilidad. En los delitos considerados como “graves”, la policía detenía, solicitaba la prisión preventiva del detenido ante un juez y aquél debía demostrar frente a éste su inocencia. Es decir, había prisión sin un juicio previo; cárcel sin sentencia. Condena sin culpabilidad.

En esa circunstancia, ¿quiénes terminaban presos? Los más vulnerables, quienes no podían pagar un abogado para llevar su defensa o pagar la onerosa fianza exigida. El estatus de nuestras cárceles no me deja mentir: son miles las mujeres y hombres de escasos recursos detenidos por delitos menores que llevan años esperando sentencia; en otras palabras: inocentes viviendo en la cárcel.

El Nuevo Sistema de Justicia rompía radicalmente con ese modelo. Ahora, con un catálogo limitado de delitos que ameritaban la “prisión preventiva”, los fiscales debían presentar casos sólidos antes los juzgadores. Debían construir y ofrecer con evidencia su teoría del caso: qué delito se cometió, quién lo cometió y porqué. Todo ello partiendo de que el detenido es inocente, como lo dice no solo la Constitución, sino numerosos tratados internacionales.

No es que la prisión preventiva sea indeseable en todos los casos. Hay supuestos donde resulta absolutamente necesaria, pero debe regirse bajo una lógica de excepcionalidad, pues nada menos que la libertad personal se encuentra en riesgo.

Contrario a lo que se pensaría, el Presidente López Obrador —y sus bancadas en el Congreso— insisten en elevar el número de delitos que ameriten la prisión preventiva, entre ellos, el huachicol. El Presidente afirma que quiere convertirlo en delito “grave”, cuya única implicación real es que amerite prisión preventiva oficiosa. En otras palabras: que a quienes se acuse de ese delito vayan a prisión sin un juicio previo.

Con esa propuesta, Morena pretende regresar al viejo modelo autoritario de justicia. Continuar tapando las incapacidades policiacas. Seguir sin casos sólidos ante la justicia y sobrepoblando prisiones con inocentes.

¿Cree el lector que verá bajo prisión preventiva a algún líder sindical? ¿A los altos funcionarios de Pemex involucrados? ¿A los gobernadores que pudieron haber participado en ese delito? ¿O es que tendremos la misma respuesta de los últimos años: más personas encarceladas y menos culpables tras las rejas?