Representantes del tejido empresarial de Florida han expresado su inquietud acerca de los efectos provocados por la reciente ley migratoria en el estado sureño. La SB 17128, que entró en vigor en julio, está generando un déficit de mano de obra en sectores económicos clave.

 

El presidente de Beacon Council, Rodrick Miller, destacó el temor entre algunos empresarios de que la agencia federal migratoria (ICE) interfiera en sus negocios. Miller, cuya organización fomenta el desarrollo económico en el condado Miami-Dade, el más poblado y próspero de Florida, señaló: "Hay un gran miedo en algunos empresarios de que ICE toque la puerta de sus negocios".

 

En un evento centrado en el papel de los migrantes en la construcción de Florida, Miller reveló que, aunque no disponen de cifras oficiales, han escuchado cada vez más acerca de familias migrantes dejando el estado debido a la ley SB 1718. Esta ley, promovida por el gobernador y aspirante presidencial republicano Ron DeSantis, podría disminuir la mano de obra en sectores ya afectados por la escasez laboral, como la hostelería, la agricultura y la construcción.

 

Randy McGrorty, director ejecutivo de los Servicios Legales Católicos de la Arquidiócesis de Miami, señaló que la dificultad para llenar puestos que requieren mano de obra calificada en los sectores económicos fundamentales se complica aún más con la obligación impuesta por la SB 1718 a las empresas de más de 25 empleados de utilizar la base de datos ‘E-Verify’ para confirmar el estatus migratorio de los trabajadores.

 

Mike Fernández, presidente de MBF Healthcare Partners y copresidente de la American Business Immigration Coalition (ABIC), resaltó que Florida estaría perjudicándose a sí misma si no integrara a los recién llegados en las comunidades. Afirmó que los inmigrantes son una comunidad de trabajadores dispuestos a tomar riesgos y que algunos políticos olvidan que “liderar implica servir”.

 

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, afirmó que "los migrantes no son el problema, el problema es un sistema migratorio roto" y que "los inmigrantes básicamente vienen a trabajar".

 

A medida que la cumbre continuaba, se puso de manifiesto el abrumador atraso de solicitudes de asilo en la corte migratoria de Miami, con más de 250 mil expedientes pendientes. Los organizadores del evento, incluida ABIC, resaltaron la importancia de cambiar la narrativa en torno a los migrantes, enfocándose en su contribución a la comunidad y destacando que no se trata de una invasión.

 

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, subrayó la necesidad de que las instituciones locales comuniquen de manera más efectiva su respuesta a la nueva ley. Afirmó que las escuelas locales cuentan con protocolos para recibir a los nuevos estudiantes provenientes de otros países y señaló que la comunidad de Florida históricamente ha acogido a aquellos que buscan libertad y oportunidades.