La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma el artículo 28 del Código Penal local para precisar los criterios sobre la legítima defensa cuando se trate de mujeres víctimas de violencia de género o de terceros que intervengan en su protección. La presidenta del órgano legislativo, María Leticia Vázquez Hernández, informó que la modificación busca incorporar una perspectiva de género en el análisis de estos casos.

La propuesta plantea que se presuma la legítima defensa cuando la persona que repele la agresión sea una mujer y existan antecedentes de violencia física, sexual o feminicida. Asimismo, se contempla que la misma presunción aplique cuando una tercera persona actúe en auxilio de una mujer que esté siendo víctima de este tipo de agresiones. Con ello, se pretende brindar mayor claridad jurídica en situaciones donde la integridad de la víctima esté en riesgo.

El dictamen también establece que no se considerará exceso en la legítima defensa cuando la mujer haya estado en peligro de sufrir violencia física, sexual o feminicida y actúe bajo un estado de miedo, terror o confusión que afecte su capacidad para medir la respuesta. Este punto busca reconocer el contexto emocional y psicológico que puede influir en la reacción ante una agresión.

Durante el análisis, se solicitó la opinión de la Fiscalía General del Estado con el fin de contar con mayores elementos técnicos. El objetivo de la reforma es fortalecer las excluyentes de responsabilidad penal y garantizar que la actuación de las mujeres sea evaluada considerando el entorno de violencia que enfrentaban al momento de los hechos.

El documento señala que la legítima defensa deberá examinarse tomando en cuenta el riesgo real, permanente y continuo para la vida e integridad física y psicológica de la víctima. También se reconoce la intervención de terceros cuando su intención sea detener o repeler una agresión con características de violencia de género.

El dictamen aprobado por la comisión será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y eventual votación. De aprobarse, se incorporarán estos criterios al Código Penal, con el propósito de reforzar la protección jurídica de las mujeres y de quienes intervengan para salvaguardar su integridad.