La decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal en la investigación contra líderes de La Luz del Mundo reavivó el debate sobre justicia y rendición de cuentas en casos de alto perfil. Tras varios años de indagatorias, el expediente fue cerrado, una resolución que ha provocado inconformidad entre denunciantes y sobrevivientes.

El caso, abierto en 2019, incluía acusaciones graves como abuso sexual infantil, trata de personas, explotación sexual y presunto lavado de dinero. De acuerdo con testimonios de las víctimas, las investigaciones apuntaban hacia figuras de alto nivel dentro de la organización religiosa, e incluso señalaban posibles conexiones con actores políticos, lo que añade una dimensión sensible al proceso.

Entre los nombres que marcaron el caso se encuentra Naasón Joaquín García, quien actualmente cumple una condena en Estados Unidos por delitos relacionados con abuso de menores. Parte de las denuncias en México surgieron a partir de testimonios de sobrevivientes que también participaron en procesos judiciales en ese país, lo que había generado expectativas de una resolución más amplia en territorio mexicano.

El cierre de la carpeta no solo detiene el avance legal, también deja abiertas preguntas sobre el alcance de la justicia. Las víctimas ya han interpuesto recursos para impugnar la decisión y buscar que un juez ordene reabrir el caso. Mientras tanto, el episodio vuelve a poner bajo la lupa el actuar de las autoridades y la capacidad del sistema para responder a denuncias que cruzan fronteras, poder e influencia.