El Senado de la República aprobó una reforma que busca sentar las bases para la homologación del delito de feminicidio en todo México, con el objetivo de unificar su tipificación, investigación y sanciones en las 32 entidades federativas.

La iniciativa, impulsada desde el Ejecutivo federal, otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en la materia, lo que permitirá establecer criterios comunes para atender este delito con mayor coordinación entre autoridades locales y federales.

Con esta modificación constitucional, se pretende cerrar las brechas que existen actualmente entre los distintos códigos penales del país, donde el feminicidio no siempre se investiga bajo los mismos parámetros ni con la misma perspectiva, lo que ha sido señalado como uno de los factores que contribuyen a la impunidad.

Más allá del ajuste legislativo, la reforma abre un proceso de armonización nacional que busca reforzar el acceso a la justicia para las víctimas y garantizar que la investigación de los casos se realice con estándares uniformes y perspectiva de género en todo el territorio.