Integrantes de la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobaron un dictamen para reformar el Código Penal estatal con el fin de establecer que el delito de abandono sea investigado de oficio cuando la víctima sea niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o con discapacidad. La presidenta de la comisión, María Leticia Vázquez Hernández, explicó que esta modificación busca fortalecer la protección legal para sectores considerados en situación de vulnerabilidad y evitar vacíos en la aplicación de la ley.
La legisladora detalló que la legislación vigente no contemplaba de manera explícita a adolescentes ni a personas con discapacidad, por lo que la propuesta representa un avance importante para ampliar la cobertura jurídica. La iniciativa fue presentada por la diputada Jaquelinn Jáuregui Mendoza y ahora será turnada al Pleno del Congreso para su análisis y eventual votación.
El objetivo central de la reforma es establecer que el delito relacionado con el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en su modalidad de abandono de persona, sea perseguido de oficio en los casos señalados. De esta manera, el Ministerio Público tendrá la obligación de actuar con diligencia desde el momento en que tenga conocimiento de los hechos, sin requerir denuncia previa de la víctima o sus familiares.
Durante el proceso legislativo también se solicitó la opinión de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, la cual señaló que, en términos generales, los delitos se persiguen de oficio salvo que la ley establezca lo contrario. Sin embargo, coincidió en la importancia de precisar en la codificación penal que los artículos 204 y 204 Bis se investigarán automáticamente cuando las víctimas pertenezcan a los grupos mencionados, con el propósito de evitar interpretaciones ambiguas.
Vázquez Hernández subrayó que la reforma busca otorgar mayor claridad jurídica y reforzar el acceso a la justicia. Añadió que principios como la debida diligencia y la protección a víctimas ya están contemplados en otras normativas, por lo que el enfoque del dictamen se centra en definir de manera expresa el mecanismo de procedibilidad. Con esta modificación, el Congreso pretende fortalecer la atención oportuna a personas vulnerables y garantizar que estos casos sean atendidos sin dilaciones.
