El gobierno de Canadá comenzó a notificar a decenas de miles de migrantes que ingresaron de forma irregular desde Estados Unidos, informándoles que deberán abandonar el país voluntariamente o enfrentarán procesos de deportación. La medida forma parte de la implementación de la nueva Ley C-12, que modifica las condiciones para solicitar asilo y restringe las opciones de quienes ingresaron sin autorización. 

De acuerdo con el Ministerio de Migración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, la disposición podría afectar a alrededor de 30 mil personas que presentaron solicitudes de refugio después del 3 de junio de 2025, fecha en que entró en vigor la normativa. Las cartas enviadas indican que los migrantes deben confirmar su salida ante la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá; de no hacerlo, se emitirá una orden formal de expulsión.

Especialistas en migración advirtieron que quienes regresen a territorio estadounidense podrían enfrentar detención por parte del Servicio de Control de Migración y Aduanas, lo que incrementa la incertidumbre para los solicitantes. La nueva legislación, impulsada por el partido Bloque Quebequés, elimina la posibilidad de que quienes ingresaron irregularmente accedan a una audiencia ante el Consejo de Migración y Refugiados, limitando así la revisión individual de cada caso.

Además, la ley establece que quienes solicitaron asilo más de un año después de haber ingresado al país, tras junio de 2024, no podrán presentar su petición ante dicha instancia. Con esta medida, las autoridades buscan reducir la llegada de migrantes desde territorio estadounidense y acelerar los procesos de salida.

Diversos abogados han cuestionado el contenido de las notificaciones, al considerar que podrían contener información confusa y restringir el derecho a un proceso justo. Señalan que, antes de la reforma, los solicitantes contaban con mayores oportunidades para defender sus casos y acceder a audiencias que evaluaran su situación particular.

La decisión ha generado debate sobre el endurecimiento de la política migratoria canadiense, ya que organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la medida podría afectar a miles de personas que buscan protección. Mientras tanto, el gobierno sostiene que la reforma pretende ordenar el sistema de asilo y garantizar un control más eficiente de los flujos migratorios.