Un jurado federal en Estados Unidos concluyó que Ticketmaster y su compañía matriz Live Nation Entertainment operaron como un monopolio ilegal dentro de la industria del entretenimiento en vivo. La resolución se dio tras un juicio civil promovido por autoridades federales y fiscales estatales, quienes señalaron que ambas empresas limitaron la competencia en el mercado de venta de entradas y promoción de espectáculos.
Según el fallo, las compañías implementaron prácticas anticompetitivas que afectaron tanto a consumidores como a artistas y recintos. La demanda, impulsada por el gobierno estadounidense con el respaldo de decenas de estados, acusó a la empresa de utilizar su posición dominante para impedir que los recintos trabajaran con otros proveedores de boletos, reduciendo las opciones disponibles en el mercado.
Durante el proceso judicial, los demandantes argumentaron que Live Nation aprovechó su poder para imponer condiciones contractuales y elevar los precios de las entradas. Esta situación, señalaron, derivó en cargos adicionales para los usuarios, quienes terminaron pagando más por asistir a conciertos y eventos. También se indicó que el control de múltiples áreas del negocio, como la promoción y la distribución, generó una ventaja que dificultó la competencia de otras compañías.
Por su parte, las empresas rechazaron las acusaciones y defendieron que su tamaño es resultado del éxito empresarial y de la preferencia del mercado. Afirmaron que los precios finales de los boletos son determinados por artistas y recintos, no por la plataforma de venta. Sin embargo, el jurado consideró que las conductas señaladas violaron leyes antimonopolio federales y estatales.
Ticketmaster y Live Nation se fusionaron en 2010, creando una de las estructuras más influyentes en la organización de eventos en vivo en Estados Unidos. Desde entonces, fanáticos y músicos han expresado críticas por los costos y la falta de alternativas, lo que dio origen a diversas investigaciones.
Tras el veredicto, corresponderá a un juez definir las sanciones y posibles medidas correctivas. Estas podrían incluir compensaciones económicas, modificaciones en la operación de las compañías o cambios estructurales destinados a fomentar una mayor competencia en el mercado del entretenimiento.
