Con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y brindar mayor protección a las víctimas indirectas de feminicidio, se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí que busca garantizar la reparación integral del daño y ampliar los mecanismos de atención a familiares de mujeres víctimas de violencia extrema. La propuesta también pretende armonizar la legislación local con la Ley General de Víctimas y el Programa Spotlight. 

La iniciativa plantea que las sentencias por feminicidio no solo se enfoquen en sancionar a los responsables, sino que también incluyan medidas de reparación para las víctimas indirectas, particularmente hijas e hijos. Entre los apoyos contemplados se encuentran el acceso a educación, atención médica, servicios de salud mental y mecanismos que garanticen el sustento económico necesario para su desarrollo.

Dentro de la propuesta se contemplan reformas a los artículos 135, 135 Bis y 135 Ter del Código Penal estatal, con el objetivo de precisar que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Además, se establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse de oficio bajo el protocolo especializado en feminicidio, lo que permitirá fortalecer las indagatorias desde el inicio y evitar la clasificación incorrecta de los casos.

El proyecto también detalla diversas circunstancias que podrían configurar razones de género, como la existencia de vínculos familiares, afectivos, laborales o de confianza entre víctima y agresor, así como la presencia de violencia sexual, lesiones degradantes, mutilaciones, uso de sustancias corrosivas o cualquier acto que genere sufrimiento previo al fallecimiento. Estas precisiones buscan dar mayor claridad jurídica y facilitar la acreditación del delito. 

Otro punto relevante de la iniciativa es la incorporación del feminicidio en grado de tentativa, cuando se realicen actos dirigidos a privar de la vida a una mujer por razones de género sin que el delito se concrete por causas ajenas al agresor. Asimismo, se establece que, en caso de sentencia condenatoria, el juzgador deberá garantizar indemnización, gastos funerarios y atención integral a las víctimas indirectas.

La propuesta fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí para su análisis y eventual dictamen.