El Pleno del Congreso del Estado recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma disposiciones en la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí enviada por el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, relativas a la publicidad educativa, supervisión y procedimientos sancionadores en el marco de las competencias estatales.

En su propuesta, el mandatario estatal asienta que la reforma coloca al estado en una posición de liderazgo nacional al construir un modelo equilibrado que prioriza la protección de niñas, niños y adolescentes, salvaguarda los derechos de las familias, moderniza las herramientas de supervisión educativa y consolida mecanismos de financiamiento sostenibles; que no se trata únicamente de cerrar espacios de fraude, sino de elevar la integridad del sistema educativo, fortalecer la confianza pública y garantizar que toda oferta educativa esté alineada con los estándares de legalidad, calidad y pertinencia que la sociedad potosina exige.

En sus argumentos, el gobernador Gallado expone que en los últimos años, la prestación privada de servicios educativos ha crecido de forma significativa, que su aportación es relevante ya que amplía la cobertura y diversifica la oferta educativa del Estado; sin embargo, advierte que esta expansión también ha evidenciado prácticas que afectan los derechos de las familias, erosionan la confianza pública y generan riesgos educativos, patrimoniales y sociales, como la publicidad engañosa, el uso indebido de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, los cambios no autorizados de domicilio, la operación de programas no aprobados y la reducción irregular de los tiempos de formación representan fenómenos que requieren de una respuesta normativa puntual.

Señala que en el ámbito estatal, ha instruido a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) a intensificar las inspecciones y visitas de supervisión previstas en la Ley de Educación del Estado, lo que ha arrojado que en más de sesenta y ocho revisiones motivadas por quejas, hayan encontrado irregularidades que ponen en evidencia la necesidad de actualizar nuestro marco jurídico. 

“Situaciones difundidas en la opinión pública acerca de la institución que operó con documentación apócrifa en perjuicio de más de mil trescientas personas estudiantes; una institución de educación superior que utilizó la imagen de otra institución afectando a más de trescientos setenta jóvenes; o la institución privada que ofertó bachilleratos en seis meses, muestran con claridad que los mecanismos normativos actuales son insuficientes para prevenir, corregir y sancionar estas conductas de manera eficaz y oportuna”, señala la iniciativa.

El gobernador Gallardo en su Iniciativa menciona que se fortalecerá el marco regulatorio en varios frentes: Estableciendo obligaciones claras de veracidad, comparabilidad y trazabilidad en toda publicidad de servicios educativos. La incorporación de un registro obligatorio permitirá verificar que cada pieza publicitaria se corresponda con la realidad jurídica y académica de la institución, evitando que las familias sean inducidas a error; dotar de claridad y seguridad jurídica a las facultades de supervisión de la autoridad educativa mediante la distinción entre visitas de verificación, ordinarias y extraordinarias, definiendo sus alcances y procedimientos lo que permitirá actuar con inmediatez en casos de riesgo y garantizar intervenciones proporcionales, debidamente motivadas y sujetas a control posterior; incorporar el allanamiento procesal, un mecanismo moderno que permite concluir anticipadamente un procedimiento administrativo sancionador cuando la persona particular reconoce la infracción y acepta la sanción, lo que garantiza eficiencia, facilita la corrección temprana de irregularidades y reduce la carga administrativa tanto para la autoridad como para las instituciones educativas.

Esta iniciativa también fortalece la sostenibilidad financiera del Estado. La creación de derechos por servicios administrativos asociados al registro de publicidad, la expedición de constancias, el refrendo de información y otras actuaciones de supervisión permitirá recuperar costos operativos sin generar cargas desproporcionadas a las instituciones cumplidas.

En materia hacendaria, la propuesta del gobernador Gallardo incrementa la capacidad de supervisión del Estado sin aumentar el presupuesto anual; moderniza plataformas tecnológicas de control y trazabilidad sin recurrir a ampliaciones presupuestales; financiar visitas de verificación y acciones de inspección con cargo a recursos autogenerados; reduce la dependencia de ingresos generales para funciones de garantizar que las instituciones privadas que generan mayor demanda administrativa contribuyan proporcionalmente al sostenimiento del sistema.

“Con ello, el Estado consolida un modelo de autorregulación asistida, donde la inversión pública se optimiza y los costos del servicio administrativo son asumidos de manera proporcional por quienes se benefician del mismo. Este esquema, además de fortalecer la disciplina financiera, mejora los estándares de supervisión y reduce los riesgos de irregularidades que generan litigios o cargas indirectas para las finanzas públicas.La iniciativa también fomenta una competencia leal entre prestadores privados, al evitar que quienes cumplen rigurosamente con la ley sean desplazados por instituciones que recurren a publicidad engañosa o prácticas deshonestas. De igual manera, fortalece la confianza de las familias en el sistema educativo, al contar con un padrón público actualizado y verificable que permita conocer la situación jurídica de cada institución. Esto se traduce en mayor seguridad para las decisiones formativas, en entornos escolares más confiables y en una reducción significativa de riesgos patrimoniales para los hogares potosinos”, asienta.
La iniciativa fue turnada por la Directiva para su análisis y dictaminación a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.