La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que se iniciaron investigaciones internas para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales de servidores públicos señalados por presuntas omisiones en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe. La funcionaria aseguró que cualquier conducta irregular será sancionada conforme a la ley. 

De acuerdo con lo expuesto, la indagatoria se realiza bajo el protocolo de feminicidio, al tiempo que se revisan los señalamientos hechos por familiares de la víctima, quienes denunciaron falta de atención oportuna y posibles irregularidades durante la búsqueda. La fiscal destacó que ninguna omisión o actuación indebida tiene cabida en el servicio público y reiteró el compromiso de esclarecer los hechos.

La joven fue vista por última vez el 15 de abril, cuando salió de su domicilio para acudir a una supuesta oportunidad laboral. Tras su desaparición, familiares iniciaron la búsqueda y reportaron el caso ante las autoridades. Dos días después, el 17 de abril, su cuerpo fue localizado en el sótano de un edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez, sobre la avenida Revolución, cerca de la calle Rubens.

Los allegados de la víctima señalaron que desde el inicio solicitaron apoyo institucional, pero consideraron que no recibieron la colaboración necesaria. También denunciaron presuntos malos tratos, retrasos en la atención e incluso irregularidades durante el proceso, lo que derivó en la apertura de una investigación interna para evaluar la actuación del personal involucrado. 

Asimismo, indicaron que realizaron diligencias por cuenta propia, como la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad y la búsqueda de información sobre el inmueble al que acudió la joven. De acuerdo con sus testimonios, estos elementos fueron entregados a la autoridad ministerial para integrarlos a la carpeta de investigación.

Ante estos hechos, la fiscalía capitalina señaló que mantiene acompañamiento permanente a la familia y reiteró su compromiso con el acceso a la justicia. La institución subrayó que la revisión de la actuación de los funcionarios será exhaustiva y que, en caso de confirmarse responsabilidades, se aplicarán sanciones administrativas o penales correspondientes, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar que situaciones similares se repitan.