La fuerza de la lluvia volvió a exhibir la vulnerabilidad del campo potosino. Tras la tromba que golpeó la delegación de Bocas, en San Luis Potosí, y la comunidad de Derramaderos en Villa de Arista, el gobierno estatal desplegó brigadas para medir el impacto de un fenómeno que no solo dejó estragos visibles, sino también un golpe directo a la economía rural.

Los primeros recorridos, encabezados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, revelaron un panorama complejo: más de mil 500 hectáreas de cultivos dañados, entre ellos chile serrano, frijol y avena, además de afectaciones en caminos, vehículos y viviendas que no resistieron la combinación de viento, granizo y lluvias intensas.

El impacto más severo se concentra en la infraestructura productiva. Invernaderos colapsados, sistemas de riego destruidos y espacios de cultivo protegidos arrasados forman parte de un saldo que supera los 300 millones de pesos en pérdidas, afectando directamente a cerca de 200 familias que dependen del campo para subsistir.

Ante este escenario, el gobierno analiza la puesta en marcha de un plan emergente que permita recuperar la actividad agrícola y mitigar los efectos económicos. Más allá de la cifra, la tromba deja una lección recurrente: cada evento climático extremo no solo arrasa cosechas, también pone a prueba la capacidad de respuesta institucional y la resiliencia de las comunidades rurales.