El combate a las pandillas en El Salvador entra en una nueva fase con el arranque de un juicio masivo contra líderes de la Mara Salvatrucha. En una sola causa judicial, decenas de presuntos cabecillas enfrentan cargos graves en un proceso que refleja la magnitud de la ofensiva estatal contra estas estructuras criminales.

La audiencia reúne a más de un centenar de acusados, señalados por delitos que van desde homicidio hasta extorsión y agrupaciones ilícitas. Se trata de una de las acciones judiciales más grandes en la historia reciente del país, impulsada bajo un esquema que busca juzgar de manera conjunta a quienes habrían operado como parte de una misma red.

El caso se inscribe en la política de seguridad que ha marcado los últimos años en El Salvador, caracterizada por detenciones masivas y un endurecimiento del sistema penal. Para las autoridades, este tipo de juicios permite acelerar procesos y enviar un mensaje de control frente a organizaciones que durante décadas mantuvieron presencia territorial.

Sin embargo, el modelo también ha generado debate. Mientras el gobierno sostiene que es una medida necesaria para desarticular a las pandillas, organismos de derechos humanos advierten sobre los riesgos de concentrar tantos casos en un solo juicio. En medio de esa tensión, el proceso avanza como un símbolo de una estrategia que busca cambiar, de forma radical, el equilibrio de poder en las calles salvadoreñas.