El Parlamento del Reino Unido avanzó en la aprobación de una legislación considerada histórica que impedirá de manera permanente la compra de tabaco a las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009. Con esta medida, el país busca reducir de forma progresiva el consumo y crear una generación libre de humo, al prohibir que quienes actualmente son menores de edad puedan adquirir cigarrillos en cualquier momento de su vida.

La iniciativa fue acordada por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, completando el proceso legislativo previo a la sanción formal del monarca. Una vez que entre en vigor, prevista para el próximo año, la normativa establecerá que la venta de productos de tabaco será ilegal para quienes hayan nacido después de 2008, aun cuando alcancen la mayoría de edad en el futuro.

El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, calificó la decisión como un momento trascendental y aseguró que permitirá proteger a las nuevas generaciones de los efectos nocivos del tabaquismo. Según explicó, el objetivo es evitar que los jóvenes desarrollen adicción a la nicotina y reducir enfermedades asociadas al consumo de cigarrillos, como problemas respiratorios y cardiovasculares.

Además de la restricción para la compra de tabaco, la ley otorga nuevas facultades al Gobierno para regular productos relacionados con nicotina y vapeo. Entre los cambios previstos se encuentran controles más estrictos sobre sabores, empaques y publicidad. También se contemplan limitaciones al uso de vapeadores en espacios donde haya menores, como vehículos particulares, parques infantiles y áreas cercanas a escuelas y hospitales.

Organizaciones de salud pública celebraron la aprobación al considerar que contribuirá a disminuir los casos de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. No obstante, algunos sectores políticos han cuestionado su viabilidad. El líder del partido Reform UK, Nigel Farage, criticó la medida y advirtió que, de llegar al poder, buscaría revertirla al considerarla difícil de aplicar en la práctica.

Pese a las críticas, las autoridades sostienen que la legislación representa un paso decisivo para mejorar la salud pública y reducir el impacto del tabaquismo en las próximas décadas.