Empresarios del sector gasolinero acordaron con el gobierno federal establecer un límite voluntario al precio del diésel con el objetivo de reducir el impacto del aumento internacional de los combustibles en la economía nacional. La medida fija un tope de 28 pesos por litro, como parte de una estrategia dirigida a evitar incrementos abruptos que puedan repercutir en el costo del transporte y, en consecuencia, en el precio final de productos y servicios en todo el país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que el acuerdo se alcanzó tras diversas negociaciones con representantes del sector energético, quienes aceptaron colaborar para contener las alzas derivadas del contexto global. Señaló que, en algunas regiones, el diésel había superado los 30 pesos por litro, lo que generó preocupación por sus efectos en la inflación y por el impacto directo en sectores como el transporte de mercancías, la industria y el campo.

El pacto contempla que los distribuidores mantengan el precio por debajo del umbral acordado, aunque las autoridades reconocieron que el costo continúa siendo elevado. Por ello, se prevé continuar con el diálogo con empresarios para analizar mecanismos adicionales que permitan reducirlo en el corto plazo. Entre los factores que han presionado el precio se encuentran las tensiones geopolíticas en el mercado energético internacional, que han incrementado el valor del petróleo y, con ello, el de los combustibles refinados.

Especialistas señalan que el diésel es uno de los insumos más sensibles para la economía, debido a que su uso está vinculado al transporte de carga, la producción agrícola y diversas actividades industriales. Un aumento sostenido impacta directamente en los costos logísticos y puede trasladarse al consumidor final. Por ello, el acuerdo busca ofrecer estabilidad y certidumbre en el mercado energético.

La medida forma parte de un conjunto de acciones del gobierno federal que incluyen estímulos fiscales y coordinación con distribuidores para estabilizar los precios. Con estas estrategias, se pretende proteger el poder adquisitivo de la población y evitar presiones inflacionarias adicionales, en un escenario internacional que continúa marcado por la volatilidad energética.