La violencia familiar se mantiene como uno de los problemas más frecuentes atendidos por la Guardia Civil Municipal en San Luis Potosí, aunque solo una minoría de los casos concluye con la detención del presunto agresor, debido a que muchas víctimas optan por no formalizar una denuncia.

De acuerdo con el titular de la corporación, Víctor Aristarco Serna Piña, aproximadamente tres de cada diez reportes atendidos terminan en una acción legal contra quien comete la agresión. En el resto de los casos, la intervención policial se limita a contener la situación y separar a las personas involucradas, sin que se inicie un proceso jurídico.

El funcionario explicó que este comportamiento responde, en gran medida, a factores emocionales y sociales que influyen en la decisión de las víctimas, quienes en muchas ocasiones prefieren evitar consecuencias legales para sus familiares o consideran suficiente la mediación de la autoridad.

Asimismo, se informó que los reportes de violencia familiar presentan un incremento durante los fines de semana, periodo en el que el consumo de alcohol suele actuar como detonante de conflictos al interior de los hogares. Las discusiones escalan con mayor facilidad en este contexto, generando intervenciones constantes por parte de los cuerpos de seguridad.

En cuanto a los tipos de violencia, se destacó que las agresiones psicológicas y verbales son las más comunes; no obstante, también se registran casos de violencia física y económica que afectan la estabilidad de las familias. Aunque la mayoría de los incidentes involucran agresiones de hombres hacia mujeres, las autoridades han identificado otras dinámicas, incluyendo conflictos donde las mujeres son agresoras o situaciones entre distintos miembros del núcleo familiar.

Para atender esta problemática, la corporación mantiene coordinación con áreas especializadas, como la Unidad de Género, con el objetivo de brindar apoyo integral a las víctimas y canalizarlas a instancias correspondientes.

Finalmente, las autoridades reiteraron la importancia de denunciar estos hechos, ya que la falta de procesos formales limita la capacidad de sancionar a los agresores y de prevenir la repetición de conductas violentas dentro del entorno familiar.