Alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria iniciaron un paro indefinido tras tomar las instalaciones del plantel, en protesta por presuntas irregularidades en la administración y para exigir la destitución de la directora Deysi Yesica Álvarez Vergara.

La movilización, que impacta a una comunidad de más de 2 mil 600 estudiantes, así como a docentes y personal administrativo, comenzó como una manifestación pacífica organizada por la sociedad de alumnos. Sin embargo, los inconformes restringieron el acceso a las instalaciones, permitiendo únicamente la entrada de personal de seguridad privada.

Entre las principales inconformidades, los estudiantes señalaron el incremento en la cuota de reinscripción, que actualmente asciende a 3 mil 300 pesos, sin que, aseguran, exista claridad sobre el destino de estos recursos. También denunciaron la adquisición de un autobús por un monto cercano a los 5 millones de pesos, el cual, según indicaron, presentó fallas durante su primer uso.

Además, acusaron la compra de equipo como una cámara fotográfica de alto costo, presuntamente utilizada para vigilar o intimidar al alumnado, lo que ha generado un ambiente de inconformidad dentro del plantel.

El presidente del comité estudiantil, Orlando Pacheco Santiago, explicó que el movimiento busca dos objetivos principales: transparencia en el manejo de los recursos y el relevo en la dirección del instituto, cuyo periodo, afirmó, habría concluido meses atrás sin que se haya designado a un nuevo titular.

Ante la toma de las instalaciones, elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas acudieron al lugar para resguardar la zona y prevenir incidentes, sin que hasta el momento se reporten hechos de violencia.

Los estudiantes también señalaron deficiencias en la infraestructura, falta de insumos en laboratorios y presuntos actos de hostigamiento por parte de personal administrativo, lo que, aseguran, ha deteriorado las condiciones académicas.

Finalmente, advirtieron que el paro continuará de manera indefinida hasta que sus demandas sean atendidas por las autoridades educativas, a quienes llaman a establecer un diálogo que permita resolver el conflicto.