La disputa millonaria entre instituciones públicas dio un giro inesperado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó el cobro que el gobierno capitalino exigía al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al ordenar que un tribunal revise nuevamente el monto de la deuda bajo criterios distintos.

La resolución, aprobada por mayoría, derivó de un proyecto impulsado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, mediante el cual se concedió un amparo al instituto. Con ello, el caso regresa a un tribunal colegiado que deberá recalcular la cifra, lo que abre la posibilidad de una reducción significativa en el adeudo.

El conflicto se remonta a créditos fiscales determinados en 2017 por el gobierno de la Ciudad de México, relacionados con impuestos como predial, nómina y agua correspondientes a los años 2009 a 2013. Aunque inicialmente fueron anulados, los cobros fueron posteriormente validados en instancias superiores, lo que llevó al ISSSTE a escalar el litigio hasta la Corte.

En su análisis, el máximo tribunal consideró que varios inmuebles del instituto forman parte del dominio público, por lo que están exentos de ciertas contribuciones locales. La decisión no solo pausa un impacto financiero considerable para el ISSSTE, sino que también redefine la carga de la prueba en este tipo de casos, al establecer que corresponde a la autoridad fiscal demostrar qué bienes no cumplen con ese régimen.