En el marco de un foro de reflexión en torno a una iniciativa para construir espacios seguros y libres de violencia para niños y niñas en ámbitos educativos y comunitarios, al presentar el Diagnóstico "Realidades de las Niñeces en San Luis Potosí 2020-2025", la titular del Departamento de Prevención y Atención al Educando, Gabriela Cruz Ortiz acusó que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) desconocía los resultados porque los diversos colectivos que lo elaboraron no contaron con el permiso para ingresar a escuelas públicas.

El documento discutido ante diputadas y diputados en el auditorio de la sede administrativa del Congreso del Estado, refleja las violencias que experimentan las niñeces y adolescencias en el ámbito familiar, escolar, comunitario e institucional, con base en la revisión de mil 258 notas periodísticas, más de 100 solicitudes de información a instituciones y el levantamiento de información directa en contextos escolares, lo que arrojó como resultados notables que la violencia contra niñas, niños y adolescentes es  constante y sistemática en las escuelas públicas a la que asisten en San Luis Potosí principalmente por bullying, ciberbullying, la violencia física y emocional y la violencia sexual, lo que ha derivado tan solo en los últimos dos años en 53 quejas y 40 medidas de protección emitidas por la Comisión Estatatal de Derechos Humanos.

Tales datos molestaron a la funcionaria de la SEGE, Gabriela Cruz Ortiz, quien criticó que durante el trabajo de los colectivos en las escuelas públicas no contaban con el permiso institucional y mucho menos con el acompañamiento de la dependencia estatal, por lo tanto los resultados no eran reconocidos institucionalmente.

Al respecto, Mariana Juárez Moreno, de "Apoyare A.C.", reseñó que el trabajo directo en escuelas públicas que realizan junto con "Shakti" data de más de seis años y los permisos fueron otorgados por el área de Educación Básica de la SEGE, que la investigación cuenta con rigor científico, obtuvieron el consentimiento por escrito de padres y madres de familia para aplicar los cuestionarios a sus hijos e hijas, "ella dijo que desonocía (el diagnóstico) y que no se contaba con el permiso, pero se tramitó antes de su llegada a SEGE, desde hace varios años", estableció.