Con el objetivo de fortalecer el marco legal en materia de atención a las adicciones, diputados del Congreso del Estado continúan desarrollando mesas de trabajo enfocadas en mejorar la regulación de los centros de rehabilitación en San Luis Potosí, con la finalidad de asegurar su funcionamiento adecuado y el respeto a la normatividad vigente.

Los legisladores Luis Emilio Rosas Montiel y Luis Felipe Castro Barrón encabezaron estos encuentros, en los que se busca enriquecer la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones del estado. Entre los principales planteamientos destaca la necesidad de establecer con claridad los derechos y obligaciones de los centros especializados, así como reforzar los mecanismos de supervisión y control.

Durante las sesiones, se expuso la urgencia de elaborar un censo estatal que permita identificar cuántos centros de rehabilitación operan actualmente, bajo qué condiciones lo hacen y si cumplen con los lineamientos establecidos. Esta medida permitiría detectar irregularidades y garantizar que los servicios ofrecidos cumplan con estándares de calidad y seguridad para las personas usuarias.

Asimismo, se abordó la problemática creciente del consumo de sustancias, especialmente entre jóvenes, lo que ha incrementado la demanda de espacios de atención. En este sentido, los participantes coincidieron en la importancia de consolidar una legislación que responda a esta realidad y que priorice un enfoque de salud pública, con atención integral y profesional.

Representantes de centros de rehabilitación también participaron en las mesas de trabajo, donde compartieron experiencias, inquietudes y casos de éxito que reflejan el impacto positivo de estos espacios en la recuperación de personas con problemas de adicción. Estas aportaciones serán consideradas en la construcción de la propuesta legislativa.

Los diputados señalaron que en las próximas reuniones se integrarán otras instituciones como el sector salud, Protección Civil, Guardia Civil Estatal y organismos especializados, con el fin de construir una normativa integral y coordinada.

Finalmente, subrayaron que la regulación no solo busca ordenar la operación de estos centros, sino también proteger a las personas usuarias y garantizar que reciban atención digna, segura y basada en criterios profesionales.