Autoridades federales informaron el desmantelamiento de una organización dedicada al robo y venta ilegal de hidrocarburos, luego de una serie de operativos simultáneos ejecutados en Hidalgo, Estado de México, Chihuahua y Ciudad de México. Las acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir el llamado “huachicol”, actividad ilícita que genera pérdidas millonarias y riesgos para comunidades cercanas a tomas clandestinas.
En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Como resultado preliminar, fueron detenidas 14 personas presuntamente relacionadas con la estructura criminal, entre ellas operadores logísticos, financieros y personas señaladas como líderes regionales.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que la investigación se desarrolló durante más de siete meses. En ese periodo, las autoridades lograron identificar rutas de distribución, inmuebles utilizados para almacenamiento, empresas vinculadas y perfiles clave dentro de la red delictiva.
En una primera fase, realizada en Hidalgo y Estado de México, se ejecutaron 20 cateos. En estos operativos fue capturado Mauricio “N”, señalado como uno de los principales dirigentes del grupo. También fueron detenidos otros integrantes, incluidos presuntos administradores de recursos y empresarios relacionados con las operaciones ilegales.
Durante estas diligencias se aseguraron 150 mil litros de gas LP, 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, tractocamiones, autotanques, armas de fuego, cartuchos útiles, droga y dinero en efectivo. Además, autoridades reportaron la clausura de una toma clandestina ubicada en Tepeji del Río, Hidalgo.
En una segunda intervención, desarrollada en Chihuahua, Ciudad de México y nuevamente en Estado de México, fueron detenidas siete personas más. Entre ellas figura Héctor Iván “N”, identificado por las autoridades como encargado de coordinar la obtención, traslado y distribución ilícita de combustibles en distintas entidades del país, incluido Querétaro.
El Gobierno federal destacó que este operativo representa un avance relevante en el combate a redes dedicadas al mercado ilegal de combustibles, las cuales afectan la recaudación pública, distorsionan la competencia económica y ponen en riesgo a la población por fugas, explosiones y contaminación ambiental.
Las investigaciones continúan para determinar posibles vínculos adicionales, rutas financieras y la participación de más personas o empresas relacionadas con esta organización delictiva.
