El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma al Código Penal local para endurecer las sanciones en casos donde se utilicen sustancias psicotrópicas, estupefacientes o medicamentos con el propósito de facilitar delitos como violación, abuso sexual y robo.
Con esta modificación legal, la llamada sumisión química queda reconocida como una forma de comisión del delito, lo que permitirá a las autoridades investigar y sancionar con mayor precisión este tipo de conductas.
La medida busca responder a una problemática que ha generado preocupación por el riesgo que representa para víctimas que son privadas parcial o totalmente de su capacidad de reacción, defensa o consentimiento.
La diputada Dolores Robles Chairez, promotora de la iniciativa, explicó que la sumisión química consiste en administrar de manera forzada, engañosa u oculta sustancias capaces de alterar la conciencia de una persona.
Entre los efectos posibles se encuentran desorientación, pérdida de memoria, somnolencia, inmovilidad o disminución de la voluntad, condiciones que pueden ser aprovechadas para cometer agresiones.
La reforma establece que cuando se compruebe el uso de estas sustancias, las penas podrán incrementarse hasta en una mitad adicional respecto a la sanción originalmente prevista para cada delito.
Esto aplicará particularmente en delitos sexuales y robos cometidos con violencia o aprovechando el estado de indefensión de la víctima.
El dictamen también contempla agravantes especiales cuando el responsable sea una persona que mantenga una relación de autoridad, confianza o cuidado sobre la víctima.
En esos casos podrían imponerse sanciones complementarias como destitución del cargo, suspensión profesional o inhabilitación temporal, según la naturaleza del puesto o actividad desempeñada.
La legisladora señaló que anteriormente no existía una referencia clara en la legislación estatal sobre esta práctica, lo que dificultaba su persecución penal y la adecuada clasificación jurídica de algunos casos.
Especialistas han advertido que la sumisión química suele ser compleja de detectar, debido a que algunas sustancias desaparecen rápidamente del organismo o generan lagunas de memoria.
Por ello, la actualización normativa pretende cerrar vacíos legales y ofrecer mayores herramientas a ministerios públicos, policías de investigación y jueces.
Además, se busca enviar un mensaje preventivo frente a conductas que atentan contra la integridad física, la libertad sexual y el patrimonio de las personas.
Con la aprobación de esta reforma, San Luis Potosí fortalece su marco jurídico frente a modalidades delictivas más sofisticadas y adaptadas al contexto actual.
Organismos civiles han insistido en que, además de sanciones, se requiere capacitación institucional y campañas de prevención para detectar riesgos y proteger a posibles víctimas.
