El Congreso del Estado de San Luis Potosí discutirá una iniciativa de reforma al Código Penal local que plantea endurecer las penas por denuncias falsas cuando estas se dirijan contra servidores públicos, con especial atención al personal docente.
La propuesta surge ante la preocupación por el impacto que señalamientos sin fundamento pueden generar en la trayectoria profesional, reputación y estabilidad laboral de trabajadores del sector educativo y de otras áreas gubernamentales.
El planteamiento fue impulsado por el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, quien argumentó que las y los maestros se encuentran entre los sectores más expuestos a este tipo de acusaciones.
De aprobarse la modificación al artículo 286 Bis del Código Penal estatal, las sanciones actualmente previstas de dos a seis años de prisión podrían incrementarse hasta en una mitad adicional cuando las denuncias falsas afecten a empleados del servicio público.
La exposición de motivos señala que el personal docente mantiene contacto permanente con estudiantes, madres, padres de familia y comunidades escolares, lo que incrementa el riesgo de conflictos derivados de malentendidos o acusaciones carentes de pruebas.
Aunque algunos casos terminan sin responsabilidad acreditada, los procesos legales y administrativos suelen generar consecuencias inmediatas para los señalados.
Entre ellas destacan separación temporal del cargo, daño a la imagen pública, afectaciones emocionales, costos jurídicos y desgaste profesional.
El documento también advierte que este tipo de situaciones impacta el entorno escolar, pues provocan incertidumbre entre estudiantes, familias y personal académico.
Además, pueden alterar la continuidad de clases, generar tensión institucional y dificultar la confianza dentro de las comunidades educativas.
Los promotores de la iniciativa subrayan que la reforma no busca inhibir el derecho de cualquier persona a denunciar posibles hechos ilícitos.
Por el contrario, sostienen que la intención es sancionar el uso doloso del sistema de justicia cuando una persona formula acusaciones sabiendo que son falsas o sin sustento.
Con ello, agregan, también se protege la credibilidad de las denuncias legítimas y a las víctimas reales que requieren atención inmediata.
El tema será revisado en sesión ordinaria del Pleno del Congreso estatal programada para el martes 28 de abril, donde legisladores podrán debatir alcances, ajustes y viabilidad jurídica.
Diversos sectores han señalado la necesidad de encontrar equilibrio entre garantizar el acceso a la justicia y evitar abusos que dañen a personas inocentes.
Especialistas consideran que cualquier reforma deberá acompañarse de protocolos de investigación eficaces y mecanismos de protección para denunciantes y acusados.
Si avanza, San Luis Potosí actualizaría su legislación frente a un debate creciente sobre responsabilidad legal en denuncias temerarias o fabricadas.
