La LXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de San Luis Potosí con el objetivo de fortalecer la protección jurídica de las mujeres víctimas de violencia y evitar su revictimización dentro de procesos judiciales.

Con las modificaciones avaladas, se establece la presunción de legítima defensa cuando una mujer cause daño a su agresor al repeler una agresión y existan antecedentes de violencia de género, o bien cuando enfrente un peligro inminente de sufrir violencia física, sexual o feminicida.

El nuevo marco legal contempla que, salvo prueba en contrario, se presumirá que la actuación fue en defensa propia, lo que representa un cambio relevante en la valoración de estos casos por parte de autoridades ministeriales y judiciales.

Además, la norma señala que cada asunto deberá analizarse con perspectiva de género, tomando en cuenta el contexto de violencia previo a los hechos y el riesgo real, permanente o continuado que enfrentaba la víctima.

Legisladores indicaron que este enfoque busca reconocer que muchas mujeres viven ciclos prolongados de agresiones que impactan su integridad física y emocional, situación que debe considerarse al momento de impartir justicia.

La reforma también amplía la figura de legítima defensa para terceras personas que intervengan en auxilio de una mujer agredida.

En estos casos, se reconocerá cuando alguien actúe para detener o repeler una agresión con características de violencia física, sexual o feminicida, siempre que la conducta sea percibida directamente y tenga como finalidad proteger a la víctima.

Otro de los puntos aprobados establece que no se considerará exceso en la legítima defensa cuando la mujer haya actuado bajo miedo, terror o confusión derivados de la agresión sufrida.

Esto aplicará cuando dichas condiciones afecten su capacidad para medir con precisión los límites de la respuesta o la racionalidad de los medios utilizados para defenderse.

Durante la discusión se expuso que, históricamente, diversas mujeres han sido procesadas por homicidio o lesiones contra sus agresores pese a actuar en resguardo de su vida o integridad.

Se señaló que la falta de perspectiva de género en investigaciones y resoluciones ha derivado en criminalización y revictimización de quienes enfrentaban contextos de violencia.

En la misma sesión, el Congreso aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a los ayuntamientos a instalar sus Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, además de asignar recursos para su operación.

También se presentaron posicionamientos sobre medio ambiente, Parlamento de las Niñas y los Niños, así como la exportación de mezcal potosino al Reino Unido.

Tras concluir los trabajos legislativos, se convocó a la próxima sesión ordinaria para el 4 de mayo de 2026.