Las comisiones unidas de Primera y Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobaron una iniciativa de reforma al artículo 164 del Código Familiar de San Luis Potosí, con el propósito de garantizar el derecho a reclamar pensión alimenticia retroactiva y reforzar la protección de niñas, niños, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad.
La modificación legal establece que el derecho a recibir alimentos será imprescriptible desde el nacimiento y hasta los 18 años de edad. Además, se amplía por un periodo adicional de cuatro años cuando la persona beneficiaria continúe estudiando o no pueda sostenerse por sí misma debido a circunstancias especiales reconocidas por la ley.
La presidenta de la Comisión Primera de Justicia, diputada Leticia Vázquez Hernández, explicó que esta medida busca dar mayor certeza jurídica a quienes durante su infancia o adolescencia no recibieron la manutención correspondiente. Señaló que la reforma permite reclamar ese derecho incluso después de haber alcanzado la mayoría de edad, siempre que se cumplan los supuestos previstos.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, diputada Jessica Gabriela López Torres, sostuvo que limitar el reclamo únicamente a menores de edad generaría un trato desigual. Indicó que muchas personas llegan a la adultez sin haber recibido apoyo económico durante etapas fundamentales de su desarrollo, por lo que excluirlas del acceso a justicia resultaría discriminatorio.
La legisladora añadió que no existe una razón válida para impedir que hijas e hijos mayores de edad puedan reclamar los alimentos que debieron recibir cuando eran menores. En ese sentido, subrayó que la propuesta fortalece el interés superior de la niñez y permite reparar afectaciones derivadas del incumplimiento de obligaciones parentales.
Otro de los puntos relevantes es que el derecho alimentario también será imprescriptible para personas declaradas en estado de interdicción o para quienes, siendo mayores de edad, presenten una discapacidad total que les impida trabajar o generar ingresos propios de manera permanente.
En contraste, los adeudos generados durante la vida adulta sí podrán prescribir, manteniéndose un plazo de cuatro años para ejercer acciones legales, conforme a disposiciones vigentes en materia familiar.
Las promoventes señalaron que la intención es ampliar derechos, evitar interpretaciones restrictivas y garantizar una justicia más equitativa para sectores históricamente desprotegidos. La reforma continuará su proceso legislativo antes de ser votada por el Pleno del Congreso del Estado.
