La Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado declaró improcedente una iniciativa ciudadana relacionada con la creación de un padrón estatal de personas sancionadas por maltrato animal, al considerar que el planteamiento no cuenta con sustento jurídico suficiente y presenta posibles conflictos legales en materia de datos personales.

La presidenta de la comisión legislativa, diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, informó que durante la sesión correspondiente también se dio cuenta de los diversos asuntos turnados para su análisis, entre ellos propuestas enfocadas en protección animal y fortalecimiento de políticas ambientales en San Luis Potosí.

Explicó que la iniciativa desechada proponía que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) administrara un registro público con nombres de personas sancionadas por conductas de maltrato animal. Dicho padrón estaría disponible mediante plataformas digitales.

Sin embargo, integrantes de la comisión advirtieron que la difusión pública de información personal podría generar riesgos constitucionales, particularmente por posibles violaciones al derecho a la privacidad, protección de datos y principios de reinserción social.

Además, señalaron que la propuesta carecía de un análisis normativo integral que permitiera determinar competencias institucionales, alcances legales y mecanismos adecuados para su aplicación.

Por su parte, el diputado Luis Felipe Castro Barrón indicó que impulsa una iniciativa distinta enfocada también en la creación de un padrón estatal de agresores de animales, aunque reconoció que aún se revisa qué autoridad sería responsable de administrarlo.

Detalló que entre las opciones analizadas se encuentran la SEGAM y la Fiscalía General del Estado, además de que continúan las discusiones sobre cómo equilibrar la transparencia con la protección de datos personales.

El legislador sostuvo que cuando una persona comete un delito relacionado con maltrato animal debe existir un mecanismo preventivo para alertar a la sociedad, aunque subrayó que el tema debe resolverse con bases jurídicas sólidas.

Castro Barrón añadió que también avanza el análisis de la llamada “Ley Hope”, propuesta que busca endurecer medidas de protección animal y responder al incremento de casos de violencia contra seres vivos.

Como parte de ese paquete legislativo, se contempla impulsar la creación de un Instituto Estatal de Bienestar Animal, organismo que asumiría funciones actualmente distribuidas entre distintos municipios.

El objetivo, explicó, sería centralizar políticas públicas, fortalecer campañas de adopción, mejorar atención veterinaria, promover denuncias y garantizar respuesta institucional más eficiente.

Finalmente, diputadas y diputados coincidieron en que San Luis Potosí requiere actualizar su marco legal en bienestar animal, pero con reformas viables, constitucionales y técnicamente sólidas.