La polémica por los señalamientos desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa escaló al más alto nivel político. La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura y aseguró que, mientras no existan pruebas, no hay motivo para dar por válidas las acusaciones contra Rubén Rocha Moya.

Desde el gobierno federal se subrayó que cualquier señalamiento debe estar sustentado en evidencia verificable y seguir los canales legales correspondientes. La postura no solo busca cerrar filas en torno al mandatario estatal, también marcar un límite frente a acusaciones externas que no han sido procesadas por autoridades mexicanas.

El caso ha provocado reacciones encontradas en el país. Mientras sectores de oposición insisten en la necesidad de investigar a fondo, desde el oficialismo se advierte sobre el riesgo de validar versiones sin respaldo jurídico, en un tema que toca directamente la estabilidad política de la entidad.

Más allá del cruce de posturas, el episodio reabre una discusión de fondo: el equilibrio entre la cooperación internacional en materia de seguridad y la defensa de la soberanía nacional. En ese terreno, el mensaje es claro: sin pruebas, no hay caso.