Un bloque de más de 150 organizaciones civiles solicitó posponer la elección judicial prevista para 2027 en México, al considerar que no existen las condiciones necesarias para garantizar un proceso transparente y con certeza jurídica.

Las agrupaciones señalaron preocupaciones sobre la organización del ejercicio, así como posibles vacíos en las reglas y mecanismos que podrían afectar la legitimidad de los resultados. En su posicionamiento, insistieron en la necesidad de revisar el modelo antes de llevarlo a las urnas.

El planteamiento también pone sobre la mesa el debate sobre la viabilidad de elegir por voto popular a integrantes del Poder Judicial, un esquema que ha generado opiniones divididas entre especialistas, académicos y actores políticos.

Más allá de la solicitud, el tema refleja un momento clave para el sistema judicial mexicano. La forma en que se resuelva este proceso no solo definirá el rumbo de la elección, sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.