Una propuesta presentada en el Congreso del Estado de San Luis Potosí busca reformar la legislación educativa local para asegurar que las adolescentes embarazadas puedan continuar con sus estudios sin enfrentar discriminación ni abandono escolar.

La iniciativa, impulsada por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, plantea modificaciones a la Ley de Educación del Estado con el objetivo de garantizar la permanencia de este sector en el sistema educativo, así como su egreso en condiciones adecuadas.

El proyecto establece que las instituciones educativas deberán implementar medidas que favorezcan la inclusión, evitando prácticas que limiten el acceso o la continuidad académica de las estudiantes en esta condición. Asimismo, se busca reforzar la atención integral para proteger su bienestar físico y emocional durante el proceso.

Otro de los puntos relevantes contempla que, en casos donde existan indicios de posibles delitos relacionados con el embarazo de menores de edad, las autoridades educativas deberán dar aviso inmediato a instancias como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Fiscalía correspondiente, con el fin de activar los protocolos de protección.

De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta no tiene un enfoque punitivo, sino preventivo y de acompañamiento, centrado en salvaguardar los derechos de niñas y adolescentes, evitando su revictimización y garantizando la confidencialidad en cada caso.

Además, el planteamiento subraya la importancia de actuar bajo el principio del interés superior de la niñez, priorizando en todo momento la integridad y el desarrollo de las estudiantes, así como su derecho a la educación.

La iniciativa fue turnada a comisiones legislativas para su análisis, donde se discutirá su viabilidad y alcances antes de una posible aprobación, en un contexto donde el acceso equitativo a la educación continúa siendo un tema relevante en la agenda pública.

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En el Congreso del Estado de San Luis Potosí se analiza una iniciativa que busca modificar la Ley de Educación para garantizar que adolescentes embarazadas continúen sus estudios sin ser excluidas del sistema escolar.

La propuesta establece que las escuelas deberán asegurar condiciones de permanencia y evitar cualquier tipo de discriminación, con el objetivo de que las estudiantes puedan concluir su formación académica.

Además, contempla que, en casos donde existan indicios de un posible delito, las autoridades educativas notifiquen de inmediato a instancias como el DIF y la Fiscalía, para activar mecanismos de protección.

El planteamiento prioriza el interés superior de la niñez, la confidencialidad y la no revictimización, así como la protección de la integridad física y emocional de las adolescentes.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en análisis en comisiones legislativas, donde se revisará su alcance antes de ser sometida a votación.