Por Redacción Contra Réplica

Guardia Nacional brinda protección a Rubén Rocha tras solicitar licencia en Sinaloa

La medida responde a un análisis de riesgo en medio de investigaciones federales relacionadas con señalamientos internacionales.

Elementos de la Guardia Nacional fueron asignados para brindar seguridad al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que solicitara licencia a su cargo el pasado 1 de mayo, en un contexto marcado por investigaciones en curso por parte de autoridades federales.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la decisión se tomó tras una evaluación realizada por el Gabinete de Seguridad, con base en un análisis de riesgo que determinó la necesidad de implementar medidas de protección para el exmandatario estatal. De acuerdo con lo explicado, este tipo de resguardo no es exclusivo para funcionarios, sino que puede aplicarse a cualquier persona que enfrente una situación de vulnerabilidad.

La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya ocurrió en medio de señalamientos provenientes del Gobierno de Estados Unidos, lo que derivó en la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. En este escenario, se busca evitar que su permanencia en el cargo interfiera en el desarrollo de las indagatorias.

Autoridades federales señalaron que la protección otorgada se rige bajo protocolos establecidos y responde únicamente a criterios técnicos relacionados con la seguridad personal. Asimismo, se destacó que el acompañamiento de la Guardia Nacional se mantendrá mientras las condiciones de riesgo así lo justifiquen, sin que ello implique algún pronunciamiento sobre el fondo de las investigaciones.

El caso ha generado atención a nivel nacional debido al contexto político y de seguridad en la entidad, donde se mantiene la coordinación entre autoridades locales y federales. En paralelo, las instancias correspondientes continúan con la revisión de los elementos disponibles para determinar posibles responsabilidades, mientras se garantiza el debido proceso.

La asignación de escoltas en situaciones de este tipo forma parte de los mecanismos de protección previstos en el país, particularmente cuando existen factores que pudieran poner en riesgo la integridad de una persona, independientemente de su condición política o cargo público previo.