Con la finalidad de fortalecer la protección integral de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una propuesta de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, enfocada en reconocer la autonomía financiera como un derecho fundamental y un eje de acción dentro de las políticas públicas.
La iniciativa busca garantizar que las mujeres víctimas tengan acceso a programas de capacitación laboral, educación financiera y herramientas que les permitan generar ingresos propios. Entre las acciones contempladas se incluyen cursos, talleres y esquemas de formación que impulsen su independencia económica, con el objetivo de que puedan reconstruir sus proyectos de vida con mayor estabilidad y seguridad.
De acuerdo con la legisladora, este planteamiento responde a la necesidad de ir más allá de las medidas de protección, al considerar que la independencia económica es un factor clave para lograr una verdadera igualdad sustantiva. Señaló que, si bien es indispensable brindar atención inmediata ante casos de violencia, también es necesario generar condiciones que eviten la dependencia económica, la cual en muchos casos dificulta que las víctimas se alejen de sus agresores.
Diversos estudios respaldan este enfoque, al indicar que las mujeres que cuentan con ingresos propios tienen hasta un 50 por ciento menos probabilidades de regresar a entornos de violencia. Además, se ha documentado que quienes acceden a programas de capacitación y educación financiera pueden incrementar sus ingresos entre un 20 y un 30 por ciento, lo que mejora su calidad de vida y amplía sus oportunidades de desarrollo.
Asimismo, el acceso a herramientas económicas favorece la inserción en el mercado laboral formal o la creación de pequeños negocios, generando impactos positivos no solo a nivel individual, sino también en el entorno familiar y comunitario. Este enfoque integral permite avanzar hacia estrategias de prevención sostenida y no únicamente de atención a las consecuencias.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género, donde será analizada para determinar su viabilidad. Con ello, se abre el debate sobre la importancia de fortalecer políticas públicas que impulsen la autonomía económica como una vía efectiva para reducir la violencia y promover el bienestar de las mujeres.
