La diputada María Leticia Vázquez Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado con el objetivo de unificar en 45 días la duración de las campañas para la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, con el propósito de generar mayor equidad en la contienda y simplificar la comprensión del proceso para la ciudadanía.

Actualmente, la legislación establece periodos diferenciados: 60 días para la elección de gobernador y 40 días para diputaciones y presidencias municipales. La propuesta busca ajustar estos tiempos a un esquema intermedio que, según la legisladora, permitiría equilibrar la exposición de las candidaturas y mejorar las condiciones de competencia electoral.

El planteamiento también contempla que, dentro de ese periodo de 45 días, se realicen al menos dos debates obligatorios entre quienes aspiren a la gubernatura, así como un ejercicio similar en cada distrito electoral para candidatas y candidatos a diputaciones. Estos encuentros serían convocados por la autoridad electoral correspondiente, con el fin de fortalecer la deliberación pública y ofrecer a la ciudadanía mayores elementos para emitir un voto informado.

La diputada explicó que la iniciativa parte del principio de que la efectividad de una campaña no depende únicamente de su duración, sino de que el tiempo asignado sea suficiente y funcional para cumplir con sus objetivos democráticos. En ese sentido, subrayó que la homologación no representa una reducción arbitraria ni una ampliación desproporcionada, sino una medida de armonización.

Asimismo, destacó que en el contexto del federalismo electoral mexicano existen diversos modelos sobre la duración de campañas, algunos incluso con periodos menores a los propuestos, lo que respalda la viabilidad de este ajuste.

Entre los beneficios señalados se encuentra la optimización del gasto electoral, al promover un uso más eficiente de los recursos públicos, así como la generación de condiciones más equilibradas para todas las candidaturas. La propuesta no modifica aspectos como financiamiento, fiscalización o atribuciones del órgano electoral, ya que se limita a establecer un nuevo marco temporal.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, donde se evaluará su impacto en el sistema electoral estatal.