Con el objetivo de reforzar la confianza ciudadana en los procesos democráticos, el diputado Héctor Serrano Cortés presentó una iniciativa de reforma que plantea la implementación obligatoria de un certificado de integridad y confiabilidad para quienes aspiren a cargos de elección popular en San Luis Potosí. La propuesta contempla modificaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Ley Electoral del Estado y la Ley de Control de Confianza, con el fin de establecer un mecanismo preventivo que garantice perfiles alineados con principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con el planteamiento, las personas interesadas en contender por un cargo público deberán someterse a procesos de evaluación que acrediten su idoneidad ética y confiabilidad, lo que permitirá fortalecer la calidad de las candidaturas. Este esquema no busca sancionar ni limitar derechos políticos, sino establecer un filtro institucional que contribuya a consolidar una democracia más sólida, evitando riesgos como la infiltración de intereses contrarios al orden constitucional.
El legislador explicó que esta medida se sustenta en el concepto de “autodefensa constitucional”, que permite al Estado implementar herramientas para proteger sus instituciones sin vulnerar derechos fundamentales. En este sentido, aclaró que la certificación no implica una presunción de culpabilidad ni genera inelegibilidad automática, sino que se trata de un requisito preventivo que deberá cumplirse para formalizar el registro de candidaturas.
Asimismo, la propuesta establece que el proceso de certificación estará a cargo del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, bajo lineamientos nacionales que garantizan objetividad, imparcialidad y transparencia. Este mecanismo busca asegurar que las evaluaciones sean técnicas y apegadas a estándares establecidos en materia de seguridad y control institucional.
Finalmente, Serrano Cortés subrayó que la iniciativa respeta las facultades de los organismos electorales y no interfiere con sus atribuciones, ya que se limita a establecer condiciones previas para la postulación. La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis, donde se discutirá su viabilidad como parte de los esfuerzos por fortalecer la integridad en la vida pública del estado.
