El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una serie de reformas legislativas que buscan fortalecer los derechos de sectores vulnerables y promover un modelo de desarrollo más sostenible. Entre los cambios más relevantes destaca la modificación al Código Familiar para establecer que el derecho a recibir alimentos, desde el nacimiento y hasta el término de la minoría de edad, no prescriba, lo que garantiza mayor protección a niñas, niños y adolescentes.
Esta disposición también contempla a personas en estado de interdicción o con discapacidad total que les impida trabajar, quienes podrán acceder a este derecho de manera permanente. Con ello, se elimina la posibilidad de que, mediante interpretaciones legales, se limite el acceso a este apoyo esencial para su subsistencia. No obstante, se mantiene que los adeudos acumulados durante la vida adulta podrán reclamarse en un plazo de hasta cuatro años.
En la misma sesión, el Pleno aprobó la incorporación del concepto de economía regenerativa en la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad. Este modelo busca no solo mitigar daños ambientales, sino generar impactos positivos mediante acciones como reforestación, saneamiento de ríos, recuperación de suelos y aprovechamiento responsable de recursos. Además, se prevé que este enfoque incentive la creación de empleos y otorgue beneficios a proyectos con impacto ambiental favorable.
También se avalaron reformas en la Ley de Turismo para fortalecer la difusión del patrimonio cultural, histórico y arqueológico del estado, así como ajustes a la Ley de Aguas para precisar conceptos sobre la prestación del servicio, reparación de fugas y posibles restricciones en situaciones de escasez, siempre garantizando el acceso al agua para uso personal.
Finalmente, se aprobó la donación de inmuebles a IMSS-Bienestar y la extinción del organismo operador de agua en el municipio de Rayón, cuyas funciones y recursos serán absorbidos por el ayuntamiento, con el objetivo de mejorar su operatividad. Estas decisiones reflejan un esfuerzo legislativo por atender necesidades sociales, ambientales y de infraestructura en la entidad.
