El Congreso del Estado de San Luis Potosí mantiene abierto el periodo legal para discutir y aprobar modificaciones en materia electoral antes del arranque formal del proceso rumbo a las elecciones de 2027, informó el diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales.

El legislador explicó que existe confusión entre la ciudadanía sobre los plazos para realizar reformas electorales, debido a que a nivel federal las modificaciones deben concretarse antes del 30 de mayo, ya que el proceso electoral nacional inicia en septiembre y la Constitución establece que cualquier cambio debe aprobarse al menos 90 días antes de su arranque.

Sin embargo, aclaró que en el caso de San Luis Potosí las fechas son distintas, pues el proceso electoral local comienza oficialmente el 1 de enero de 2027. Por ello, el Poder Legislativo estatal cuenta todavía con margen legal hasta finales de septiembre para realizar adecuaciones a la legislación electoral vigente.

A pesar de ello, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional indicó que la intención es avanzar en las reformas durante los próximos meses y concluirlas antes de terminar julio, con el objetivo de evitar discusiones apresuradas y brindar mayor certidumbre a partidos políticos, autoridades electorales y ciudadanía.

Guajardo Barrera recordó que actualmente ya existen distintas iniciativas relacionadas con posibles cambios electorales, algunas promovidas por legisladores de diversas fuerzas políticas. Entre ellas mencionó propuestas presentadas por las diputadas y diputados María Leticia Vázquez Hernández y Héctor Serrano Cortés, además de otras impulsadas por la bancada panista.

El diputado señaló que las reformas deben construirse mediante acuerdos y diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, con la finalidad de establecer reglas claras, equitativas y funcionales para el desarrollo de la próxima contienda electoral.

Asimismo, destacó la importancia de analizar con anticipación temas relacionados con campañas, candidaturas, procesos de fiscalización y mecanismos de participación ciudadana, a fin de fortalecer la confianza en las instituciones electorales y garantizar condiciones de transparencia durante el proceso de 2027.