Las recientes movilizaciones y bloqueos realizados por grupos de taxistas en San Luis Potosí han generado afectaciones importantes para la población, por lo que deben privilegiarse las mesas de diálogo y el entendimiento con las autoridades antes que acciones que compliquen la movilidad en la ciudad, consideró la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado.

La legisladora señaló que las protestas registradas en distintos puntos de la capital han impactado directamente a personas que diariamente necesitan trasladarse a sus centros de trabajo, consultas médicas, escuelas y otras actividades esenciales, generando retrasos y complicaciones para cientos de ciudadanos.

Indicó que tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como el Congreso del Estado han mantenido una postura de apertura para escuchar las demandas del sector taxista y establecer mecanismos de atención a sus inquietudes.

Jáuregui Mendoza explicó que muchas de las inconformidades expresadas por algunos grupos del gremio están relacionadas con reglamentos y lineamientos que no fueron creados durante la actual administración estatal, sino que corresponden a disposiciones implementadas desde años anteriores y que han sido modificadas conforme a las necesidades del servicio de transporte público.

Asimismo, consideró que existen contradicciones dentro de algunas posturas del sector, particularmente en torno al uso de plataformas digitales, ya que mientras algunos representantes se manifiestan en contra de este modelo de servicio, también han señalado su intención de integrarse temporalmente a dichas aplicaciones mientras se resuelven sus demandas.

“Es importante que exista claridad en los planteamientos, porque el diálogo se complica cuando hay posiciones contradictorias”, expresó la legisladora al referirse al debate sobre las plataformas tecnológicas de transporte.

La diputada reiteró que el derecho a manifestarse debe ejercerse sin afectar a terceros y destacó que el diálogo institucional debe mantenerse como la principal vía para alcanzar acuerdos entre concesionarios y autoridades.

Finalmente, sostuvo que el objetivo debe ser construir soluciones que permitan mejorar el servicio de transporte público y garantizar condiciones adecuadas tanto para operadores como para usuarios, evitando medidas que generen afectaciones a la ciudadanía.