Limpieza de espacios públicos, mantenimiento urbano, apoyo en campañas de concientización ciudadana u otras tareas análogas, definidas por la autoridad competente, son parte del trabajo comunitario que como sanción administrativa para aquellas personas que cometan delitos menores o no tengan recursos para resarcir algún daño, propone la diputada Jaquelinn Jáuregui Mendoza en una iniciativa de reforma turnada a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.

La propuesta busca adicionar el Artículo 84 Bis a la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, ya que el actual 84 establece como sanciones administrativas únicamente la multa y la suspensión o cancelación de licencias o permisos especiales, que si bien son necesarias para garantizar el orden y la seguridad vial, no siempre resultan equitativas ni eficaces, especialmente cuando el infractor no cuenta con recursos económicos suficientes o cuando se trata de infracciones menores cuya sanción podría aprovecharse para fortalecer el vínculo entre ciudadanía y comunidad.

De manera que, incorporar expresamente el trabajo comunitario como una opción sancionatoria, aplicaría en los términos que establezca el reglamento correspondiente y con base en criterios como la naturaleza de la infracción y la condición socioeconómica del infractor, lo que permitirá a la autoridad administrativa aplicar medidas más proporcionales y útiles.

Se establece el concepto de trabajo comunitario, en los términos que establezca el reglamento correspondiente, atendiendo a la naturaleza de la infracción y a la condición socioeconómica del infractor. Esta sanción podrá aplicarse de forma sustitutiva o complementaria a las anteriores.

El trabajo comunitario como sanción administrativa se sujetará a los principios de proporcionalidad, respeto a la dignidad humana y no discriminación, y no podrá exceder de 36 horas.

La legisladora indica que esta propuesta no solo diversifica las herramientas sancionatorias del Estado, sino que también se alinea con los principios de justicia cívica, participación social y prevención no punitiva, favoreciendo la educación vial, la corresponsabilidad ciudadana y el sentido de pertenencia a los espacios públicos.