Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado de San Luis Potosí busca incorporar el trabajo comunitario como una nueva medida sancionatoria dentro de la Ley de Tránsito estatal, con el objetivo de ofrecer alternativas más equitativas y enfocadas en la responsabilidad social para quienes cometan infracciones viales.

La propuesta fue impulsada por la diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza, quien planteó adicionar el artículo 84 Bis a la legislación vigente para permitir que determinadas faltas puedan sancionarse mediante actividades comunitarias no remuneradas.

Actualmente, la Ley de Tránsito contempla únicamente sanciones económicas, así como la suspensión o cancelación de licencias y permisos especiales. Sin embargo, la legisladora consideró que estas medidas no siempre resultan eficaces o proporcionales, especialmente en casos de personas con limitaciones económicas o cuando se trata de infracciones menores.

La iniciativa propone que el trabajo comunitario pueda aplicarse como medida sustitutiva o complementaria a las multas, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la situación socioeconómica del infractor.

Entre las actividades contempladas se encuentran labores de limpieza de espacios públicos, mantenimiento urbano, apoyo en campañas de concientización vial y otras acciones orientadas al beneficio colectivo.

El proyecto establece que estas tareas deberán desarrollarse bajo criterios de proporcionalidad, respeto a la dignidad humana y no discriminación, además de que no podrán exceder las 36 horas de duración.

La diputada señaló que este modelo permitiría fortalecer el sentido de corresponsabilidad ciudadana y fomentar una cultura de participación social, al tiempo que se impulsa una visión más preventiva y educativa de las sanciones administrativas.

Asimismo, destacó que el trabajo comunitario ya ha sido implementado en otras entidades del país como parte de esquemas de justicia cívica que buscan generar conciencia social en lugar de enfocarse únicamente en medidas recaudatorias.

De acuerdo con la propuesta, la aplicación específica de esta sanción quedaría regulada mediante lineamientos establecidos en el reglamento correspondiente y bajo supervisión de la autoridad competente.

La iniciativa también pretende promover una mayor cercanía entre ciudadanía y espacios públicos, incentivando la participación en actividades que contribuyan al mejoramiento urbano y a la educación vial.

El proyecto legislativo fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, donde será analizado antes de una posible discusión y votación en el pleno.