Por unanimidad de las y los integrantes, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado aprobaron el Dictamen con la iniciativa del gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí en cuanto a la publicidad educativa, reconocimiento oficial de los estudios que ofrecen, en las instituciones educativas del nivel Básico y Medio Superior, con la que se otorga a la autoridad educativa herramientas indispensables para garantizar el control, seguimiento y eficientizar los servicios, con el fin de evitar actuaciones en perjuicio de los usuarios.

El presidente de la Comisión Legislativa, diputado Crisógono Pérez López destacó que existe un gran número de egresados de universidades privadas que no se pueden titular porque no tienen esas instituciones educativas su Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE); también advirtió de escuelas que publicitan ampliamente sus carreras y cursos, pero al final utilizan otro REVOE, lo cual es ilegal pues engañan a los alumnos y a padres de familia.

Por ello, consideró que la iniciativa del gobernador Gallardo será de ayuda mayúscula a quienes ya no podrán ser defraudados, “es algo que va a beneficiar a la población y debemos ser vigilantes de que esto se aplique como debe ser, que no haya situación en la que no se deba de estar y se esté, vayamos y hagamos las cosas como deben de ser y no vayamos a caer en la situación de que algunas escuelas que están actuando de manera legal y completamente bien vayan a tener problemas en este sentido”, indicó. 

Por su parte, el diputado Marco Antonio Gama Basarte reconoció que la iniciativa del Ejecutivo del Estado respeta las competencias federales y los derechos de las instituciones educativas que sí cumplen con la ley, “el reto debe ser combatir el fraude y no generar más burocracia, estamos a favor”, enfatizó.

En el Dictamen se mencionan como uno de los objetivos fomentar una competencia leal entre prestadores de servicios educativos privados al evitar que quienes cumplen rigurosamente con la ley en la materia sean desplazados por instituciones que recurren a la publicidad engañosa o prácticas deshonestas. De igual manera fortalece la confianza de las familias en el sistema educativo al contar con un padrón público autorizado y verificable que permita conocer la situación jurídica de cada institución, lo que se traduce en mayor seguridad para las decisiones formativas, en entornos escolares más confiables y en una reducción significativa de riesgos patrimoniales para los hogares potosinos.