El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) mantiene en marcha las auditorías correspondientes a las Cuentas Públicas 2025, con revisiones enfocadas en detectar posibles irregularidades financieras y actos de corrupción relacionados con proveedores y contratistas de obra pública en distintos municipios y dependencias estatales.

El auditor superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que actualmente el personal auditor continúa realizando trabajos de campo para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos y el cumplimiento de las disposiciones legales. Explicó que estas acciones forman parte de las facultades del organismo para evaluar la gestión financiera de los entes públicos, revisar el cumplimiento de objetivos y promover sanciones administrativas o denuncias penales en caso de encontrar faltas graves.

Detalló que las revisiones incluyen la confrontación de información proporcionada por dependencias y municipios con documentación requerida directamente a terceros y proveedores, con el propósito de confirmar que contratos, facturación, pagos y obras ejecutadas coincidan con los registros oficiales. Además, señaló que los auditores cuentan con atribuciones legales para solicitar documentación comprobatoria y justificativa a particulares, así como realizar compulsas y cruces de información que permitan detectar inconsistencias o posibles desvíos de recursos.

El titular del IFSE indicó que, derivado de estas investigaciones, podrían configurarse delitos como peculado, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad y uso indebido de recursos públicos, entre otros relacionados con actos de corrupción. Añadió que las sanciones para quienes resulten responsables pueden incluir multas económicas, suspensión de actividades, inhabilitación temporal para participar en contratos públicos, indemnizaciones por daño patrimonial e incluso la disolución de empresas en casos donde existan responsabilidades graves.

Asimismo, aclaró que será la autoridad judicial competente la encargada de determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes conforme avance cada procedimiento.

Finalmente, Lecourtois López hizo un llamado a funcionarios públicos, empresas proveedoras y particulares vinculados con contratos gubernamentales para colaborar con las auditorías y facilitar el acceso a documentación, espacios y evidencias necesarias para fortalecer la transparencia y garantizar el correcto uso de los recursos públicos en San Luis Potosí.