Pese al avance en materia de leyes en favor de la comunidad LGBTIQ+ es evidente en San Luis Potosí, la realidad es que esa legislación no ha logrado garantizar que se traduzcan en política pública con líneas de acción, objetivos y metas por parte del estado que garanticen el acceso a un sistema de salud efectivo, entre otros desafíos, opinaron líderes de organizaciones y colectivas representantes de la diversidad sexual y de género en San Luis Potosí, lo que consideraron como una violencia institucionalizada en su contra. 

“El estado no tiene políticas públicas, ese es el principal problema, la principal demanda que tenemos como población LGBT, no está plasmado en ningún a ley y no hay ninguna autoridad del Ejecutivo estatal que pueda implementar acciones”, expuso Paul Ibarra, quien lamentó que luego que hace unos días ganaron un amparo para obligar a que en el Presupuesto de Egresos de cada año existan recursos etiquetados para la población de la diversidad sexual, el Congreso del Estado ha presentado un recurso para evitar dicha medida. En ese sentido, el también activista Andrés Costilla advirtió que combatirán legalmente y con resistencia civil pacífica que en el Poder Legislativo ese recurso se garantice a través de una política pública en el estado, principalmente con la creación y operación de una Unidad Estatal de Atención a Poblaciones LGBT y que desde ahí, con un presupuesto específico, se atiendan las diferentes demandas como refugios, salud, justicia social y cultura.

Paul Ibarra señaló que en los últimos años se ha registrado un aumento en la incidencia de suicidios de personas de la diversidad sexual que siguen enfrentando obstáculos para expresar su identidad; así mismo, acusó que cuando se enteran que el solicitante de algún empleo es homosexual o tiene una identidad distinta se forma una barrera para que no puedan acceder al trabajo bien remunerado.

Andrés Costilla criticó que en el estado sólo existan dos Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención el SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), uno en la capital y otro en Ciudad Valles, donde en el primero sólo dos médicos atienden a una población de 2 mil personas y en el segundo entre 400 y 500 personas son atendidas por un solo médico. Añadió que en el caso de la capital la exigencia de las personas usuarias es que al menos haya un turno vespertino para atender a quienes vienen de los municipios del Altiplano.

Sostuvo que con base en la encuesta 2021 del INEGI hay 5.1 millones de personas LGBT en el país y en San Luis Potosí hay 357 mil, la mayoría viviendo en la capital y su zona conurbada, las cuales demandan acciones para atender su problemática, “nos hace falta una política desde el estado, si bien hemos avanzado en temas de derechos humanos el año pasado se hizo una adecuación a la Ley del Registro Civil para que las parejas LGBT con hijos naturales o adoptados pudieran registrarlos sin discriminación; también desde el Congreso del Estado se avanzó en prohibir las terapias de conversión. Pero hay otros temas. El de tipificar como delitos de odio el daño a las cosas, lesiones que afecten a la población LGBT, y la privación de la vida”, enfatizó.

Andrés Costilla recordó el caso de Michel, una adolescente trans asesinada que en 2023 por fin se dio una sentencia a quienes la privaron de la vida cuya defensa impugnó y ahora está tambaleándose ese caso inédito en el estado de tipificar un delito por razón de odio. “En nuestro Código Penal tenemos las agravantes, pero solicitamos que así como está el Feminicidio se encuadren los delitos por razones de odio, esto facilitaría a las y los jueces no hacerse de la vista gorda cuando hay claras señas de odio o saña cuando se perpetra la violencia hacia las poblaciones LGBT”, puntualizó.