El Gobierno de San Luis Potosí y el Poder Judicial estatal acordaron fortalecer el trabajo conjunto para ampliar los servicios de defensa legal y mejorar la capacitación de quienes operan el sistema de justicia en la entidad.

Durante una reunión entre la Secretaría General de Gobierno, la Defensoría Pública y la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, se establecieron líneas de colaboración enfocadas en la implementación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como en la profesionalización del personal jurídico.

Entre las prioridades destaca reforzar el acceso a la justicia para comunidades indígenas y sectores vulnerables, además de agilizar procesos de atención, asesoría y representación gratuita en distintas regiones del estado. Las autoridades señalaron que también se buscará fortalecer la atención a víctimas y ampliar los canales de orientación legal.

Las acciones serán impulsadas mediante coordinación con la Escuela Judicial y forman parte de una estrategia para modernizar los servicios jurídicos, reducir rezagos y acercar el acompañamiento legal a personas que enfrentan dificultades económicas o barreras para acceder al sistema de justicia.