La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de San Luis Potosí para incorporar un nuevo tipo penal que sancione las conductas relacionadas con el llamado “fraude o engaño parental”, cuando exista dolo o manipulación para atribuir indebidamente obligaciones de filiación a una persona.

La propuesta busca establecer herramientas jurídicas específicas que permitan castigar situaciones en las que una persona sea obligada a asumir responsabilidades alimentarias, patrimoniales o familiares derivadas de una paternidad falsa o atribuida mediante engaño.

De acuerdo con la legisladora, esta reforma responde a la necesidad de brindar mayor certeza jurídica en las relaciones de filiación y proteger tanto los derechos personales como patrimoniales de quienes puedan resultar afectados por este tipo de conductas.

Martínez Vázquez explicó que la iniciativa no pretende vulnerar el principio del interés superior de la niñez, sino garantizar que las responsabilidades legales recaigan en quien realmente corresponda, ya sea por vínculo biológico o jurídico debidamente acreditado.

La diputada señaló que actualmente existe un vacío legal que deja en estado de indefensión a quienes, aun logrando demostrar en tribunales civiles que no existe relación de paternidad, continúan enfrentando afectaciones económicas y personales sin contar con mecanismos efectivos para reclamar daños o sancionar el engaño.

La propuesta se enmarca dentro de una tendencia jurídica internacional orientada a reconocer y sancionar las conductas de fraude parental, entendidas como aquellas acciones deliberadas que alteran la verdad biológica para obtener beneficios o generar consecuencias legales indebidas.

Entre los argumentos expuestos, la legisladora advirtió que permitir la permanencia de obligaciones alimentarias y familiares derivadas de una filiación ficticia genera incertidumbre jurídica y provoca litigios prolongados en materia familiar, además de distorsionar la asignación legítima de responsabilidades parentales.

La iniciativa plantea modificar el artículo 199 del Código Penal estatal para establecer que incurre en este delito quien, mediante dolo, engaño o aprovechamiento indebido de circunstancias, obtenga o no un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza derivado de la atribución falsa de paternidad.

Asimismo, se busca que las víctimas cuenten con mecanismos legales más sólidos para reclamar afectaciones económicas y daños derivados de este tipo de situaciones.

La propuesta legislativa fue turnada a las comisiones correspondientes del Congreso del Estado para su análisis, discusión y eventual dictaminación.