El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma constitucional y electoral que modifica diversas reglas del sistema electoral local, entre ellas la aplicación de la alternancia de género en la elección de la gubernatura, medida que comenzará a implementarse hasta el proceso electoral de 2033 y no en 2027, como se había planteado inicialmente en la propuesta impulsada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

Con esta decisión, durante las elecciones de 2027 los partidos políticos y coaliciones podrán postular candidaturas de cualquier género para la gubernatura, siempre bajo los principios generales de paridad establecidos en la legislación electoral. Será a partir de 2033 cuando entre en vigor el mecanismo de alternancia obligatoria, tomando como referencia el género postulado en la elección inmediata anterior.

El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que la reforma busca otorgar certeza jurídica tanto a partidos políticos como a autoridades electorales y ciudadanía, al considerar que una modificación de esta magnitud debe tener bases constitucionales sólidas y viables para su aplicación futura.

Además de los cambios relacionados con la paridad y alternancia de género, la reforma contempla ajustes en la organización de los procesos electorales en San Luis Potosí. Entre ellos destaca la modificación de la fecha de arranque del proceso electoral, el cual iniciará el 15 de noviembre del año previo a la elección, con el objetivo de mejorar la planeación operativa y presupuestal del CEEPAC.

El nuevo marco legal también incorpora reglas para otorgar remuneraciones a integrantes de comisiones distritales y comités municipales, así como mecanismos más ágiles para sustitución y revocación de nombramientos dentro de órganos electorales en caso de ausencias o conflictos internos.

Asimismo, se modernizaron disposiciones relacionadas con boletas electorales, paquetes, documentación y sistemas de notificación, buscando simplificar trámites, reducir costos y agilizar las tareas operativas durante las elecciones.

Otro de los puntos aprobados fue la eliminación de los debates distritales obligatorios, aunque se fortalecerán los debates municipales en los cinco ayuntamientos con mayor lista nominal. También se actualizaron reglas sobre fiscalización, prerrogativas, quejas y denuncias para armonizar criterios y fortalecer el funcionamiento institucional de la autoridad electoral en el estado.