En una inédita reunión de trabajo entre diputadas y diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí con representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron elaborar el Protocolo de aplicación de las consultas a pueblos y comunidades indígenas, así como a personas con alguna discapacidad, encaminadas a dar cumplimiento a la sentencia ordenada por el órgano jurisdiccional.

Al auditorio del edificio legislativo “Presidente Juárez” acudieron al encuentro de trabajo por parte de la Corte la secretaria de Estudio y Cuenta Responsable de las Acciones de Inconstitucionalidad y Controversia Constitucional Pendientes de Cumplimiento, Arely Hernández Jiménez; el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, Fermín Santiago Santiago y el titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes y Encargado de la Dirección General de Relaciones Institucionales, Daniel Fajardo Ortiz, quienes sostuvieron a puerta cerrada el encuentro con las y los legisladores potosinos.

Al término de la reunión, la presidenta de la Directiva, diputada Sara Rocha Medina mencionó que en aras del ciumplimiento de la sentencia acordraron “trabajar en un protocolo firme, claro, que tengamos las evidencias y todo lo necesario junto con los pueblos indígenas y todo lo que tenemnos que involiucrar para que salga esto adelante”, expresó.

El secretario de la Jucopo, diputado Héctor Serrano Cortés agradeció la voluntad por parte de la Corte quienes escucharon las limitantes presupuestales y legales que enfrentan para dar cumplimiento a la sentencia; sin embargo expuso que el acuerdo es generar el protocolo de cumplimiento para que las y los ministros de la Corte lo avale y a partir de ahí blindar cualquier tipo de impugnación, pues reveló que hay al menos cinco casos en el país similares que han sido cuestionados en tribunales.
Precisó que en el protocolo buscarán abatir al menos el 80 por ciento del costo que calculan costarían ambas consultas y proponer que en un convenio con el Gobierno del Estado sea a través del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI) que se destinen los recursos y la operatividad.

“Vamos a reducir sin duda con este protocolo el costo de lo que tendría que implicar esto, hablamos de tratar de bajar a un 80 por ciento lo que cuesta, pero la otra sería tratar de firmar un convenio con el Gobierno del Estado para que quien lo aplique sea Gobierno del Estado a través del Instituto”, expresó.

Finalmente, la presidenta de la Directiva, diputada Sara Rocha dejó entrever que una vez terminado y avalado el protocolo, es muy probable que en este mismo año se realice la consulta relativa a las personas con alguna discapacidad, pero llamó a esperar a la terminación de la elaboración del protocolo y conseguido el convenio con el Gobierno del Estado pudieran este mismo 2026 apolicar ambas consultas.