La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó una serie de reformas al Código Familiar y al Código Civil de San Luis Potosí con el objetivo de fortalecer las herramientas legales que permitan garantizar el pago de pensiones alimenticias a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

La presidenta de la comisión legislativa, la diputada Roxanna Hernández Ramírez, explicó que estas modificaciones buscan proteger el interés superior de la niñez y brindar mayor certeza jurídica a quienes enfrentan incumplimientos por parte de personas deudoras alimentarias. Indicó que una de las medidas permitirá recurrir a pensiones de trabajadores del Estado cuando el deudor se encuentre desempleado y exista una obligación alimentaria vigente.

La legisladora detalló que el artículo 59 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales de los Trabajadores del Estado contempla mecanismos que pueden utilizarse para garantizar recursos destinados a la manutención de menores de edad y personas con discapacidad. Añadió que el Poder Judicial será la instancia encargada de aplicar estas disposiciones mediante resoluciones y procedimientos legales correspondientes.

Gabriela López Torres señaló que muchas veces existen sentencias favorables para el pago de alimentos, pero en la práctica no siempre se cumple con las obligaciones, lo que afecta directamente a las familias y principalmente a las infancias. Por ello, consideró necesario fortalecer las herramientas jurídicas que permitan hacer efectivas estas resoluciones.

Además de las reformas al Código Familiar, también se aprobó una modificación al artículo 1105 del Código Civil del Estado para armonizarlo con recientes cambios relacionados con la imprescriptibilidad de las obligaciones alimentarias, lo que significa que el derecho a reclamar alimentos no perderá vigencia con el paso del tiempo.

La diputada adelantó que el Congreso del Estado también trabaja en nuevas iniciativas para mejorar la operatividad del Padrón de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, incluyendo la posibilidad de que este listado sea público para fortalecer la transparencia y fomentar el cumplimiento de las obligaciones familiares.

Los dictámenes aprobados por la comisión serán turnados al Pleno del Congreso para su análisis y eventual votación en próximas sesiones.